- Consejeros electorales reclamaron a la Cámara de Diputados el recorte que le propinaron al Instituto Nacional Electoral.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Consejeros electorales reclamaron a la Cámara de Diputados el recorte que le propinaron al Instituto Nacional Electoral (INE) por mil millones de pesos de su presupuesto para 2026.
Argumentan que no dimensionan las actividades que debe desarrollar el organismo el próximo año.
En sesión, recordaron que en septiembre de 2026 arranca el proceso electoral 2027, en el que no sólo se renovará la Cámara de Diputados y otros 800 juzgadores, también ayudarán en la organización de elecciones en las 32 entidades del país.
Aunado a eso, el Congreso analiza adelantar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, para arrancar con la organización del proceso federal de 2027, el INE había solicitado 667 millones 289 mil pesos, y ante el recorte, tuvo que reducirlo a 395 millones 515 mil pesos, una baja de 41 por ciento.
La partida destinada para la elección del Poder Judicial también tuvo que reducirse 60 por ciento, al pasar de 338 millones a 138 millones de pesos.
En junio de 2026 sólo habrá una elección, la renovación del congreso de Coahuila, pero a partir de septiembre, iniciarán procesos en las 32 entidades, y el INE había pedido 379 millones, pero tuvo que recortarlo a 353.
Los consejeros advirtieron que los recortes que les han aplicado desde 2017 sí están afectando la democracia, pues las elecciones se realizan cada vez con más limitaciones.
Por ejemplo, detallaron, con menos casillas, sin la tecnología solicitada y la cancelación de proyectos importantes.
Además, aclararon, el INE tiene otras obligaciones además de organizar elecciones, como aprobar nuevos partidos, emitir la credencial de elector, supervisar a los partidos y organizaciones o fiscalizar procesos.
“Se le aumentan atribuciones y se le recortan recursos (al INE), al mismo tiempo que el gobierno federal aumenta su gasto.
“La racionalidad no se lleva bien con una austeridad, mal llamada así, cuando se recorta sin justificación”, afirmó el consejero Jaime Rivera.
En términos reales, el presupuesto del INE fue recortado en cuatro mil millones de pesos, pues tres mil millones estaban destinados a una posible consulta popular.
Antes de cerrarse el plazo que marca la Constitución para que ciudadanos o el Ejecutivo la solicitara, la Secretaría de Hacienda envío a la Cámara de Diputados la propuesta del INE sin ese recurso.
Los consejeros calificaron esa acción de ilegal y arbitraria, pues esa dependencia no tiene la facultad de aplicar recortes.
“El recorte (previo) que hizo la Secretaría de Hacienda al presupuesto solicitado por el INE fue arbitrario e ilegal.
“Se evidencia que la autonomía constitucional del Instituto, que también debe hacerse valer en su presupuesto, es cada vez más vulnerada”, arremetió la consejera Dania Ravel.
Los otros mil millones que sí afectan la operatividad corresponden al presupuesto base y a proyectos especiales.
Los consejeros insistieron en que desde la cúpula del poder existe una falta narrativa de que las elecciones son muy caras en México.
“Es irracional suponer que con el mismo dinero el Instituto podrá llevar al cabo cualquier tipo de tarea que se le encomiende.
“Es falso que las elecciones mexicanas sean caras; más falso aún es pretender que todo el dinero que recibe el INE se orienta exclusivamente a la organización de jornadas electorales”, sostuvo Uuc-Kib Espada.
Acusaron a la Cámara Baja de incumplir con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de realizar una motivación reforzada cuando aplique recortes.
El consejero Martín Faz afirmó que los recortes no pueden normalizarse, pues cada elección son más los cargos que están en juego.
Lamentó que se tenga que recurrir a ahorros para pagar a personal contratado bajo régimen de honorarios permanentes en el segundo semestre de 2026, que será cuando arranque la organización del proceso 2027.
“Reitero la exigencia de que las autoridades hacendarias y legislativas respeten la autonomía presupuestal del INE, indispensable para garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía”, sostuvo.
Su compañero Arturo Castillo insistió en que sí existe una afectación a la democracia, pues, por ejemplo, las casillas han disminuido.
“Las reducciones presupuestales sí tienen una afectación en la calidad democrática y esto es importante tenerlo en cuenta y es importante preguntarnos si esto es lo que queremos como país”, añadió.
Carla Humphrey agregó que la narrativa de que las elecciones son caras no se sustenta con la actuación de los legisladores, que no aprueban mecanismos para disminuir los costos.
Las consejeras Norma de la Cruz y Rita López afirmaron que, pese a los recortes, el INE garantiza la organización de los procesos electorales y la operación del Instituto con transparencia, eficacia y responsabilidad.
“Una de nuestras prioridades es mantener los estándares de calidad y la certeza de la ejecución de los trabajos de los procesos electorales inmediatos, especialmente de cara a la renovación de la Cámara de Diputados.
“Y los actos preparatorios necesarios para el proceso de elección de los cargos restantes del Poder Judicial que tendrá lugar en el 2027”, afirmó De la Cruz.
