- La legislación propuesta por la gobernadora Mara Lezama busca combatir las diversas modalidades de ese delito, y su creciente afectación a las personas en Quintana Roo.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado, que propuso la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
La legislación fue planteada para combatir las diversas modalidades en que se comete ese delito, y su creciente afectación a las personas en Quintana Roo.
La nueva legislación armoniza con su similar del ámbito federal, que entró en vigor desde noviembre pasado.
La ley estatal, entre otras cosas, impone la obligación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de establecer una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión y su abanico de modalidades, a más tardar en seis meses.
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Igualmente, se crea a través de la ley orgánica de la fiscalía estatal, un área especializada para perseguir el delito, la cual estará separada de la fiscalía antisecuestro, que por ahora atiende las carpetas de investigación abiertas.
Igualmente, establece la instalación de un Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión.
El objetivo, es implementar los mecanismos y procedimientos para la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de las carpetas de investigación por estos delitos, y orientar e informar a la población de las acciones que deben realizarse para prevenirlos.
En la normativa se establece que las diversas modalidades del delito se perseguirán de oficio, y se derogan los tipos penales en el código penal estatal, para para remitirlos a las conductas, sanciones y agravantes previstas en la Ley General en la materia, en donde se prevén hasta 42 años de cárcel para los responsables.
Las políticas públicas y acciones se coordinarán a través del Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión, que deberá crearse y el cual estará presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo e integrado por los titulares de las presidencias de la Legislatura y del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Además, por los presidentes, y presidentas municipales, la Fiscalía General del Estado, y diversas secretarías y organismos del gobierno de Quintana Roo.
Se incluyen a las dependencias de Turismo, Desarrollo Económico y Movilidad, y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, para dar seguimiento a la estrategia.
La iniciativa aprobada agiliza la armonización de normas penales, administrativas y de coordinación interinstitucional, con el fin de atender de forma urgente y efectiva la creciente problemática de la extorsión.
“Porque la armonización no es sólo un mandato constitucional sino una necesidad urgente, ante la magnitud del daño social que este delito provoca”, se consigna en el sustento jurídico de la nueva ley.
