- La bancada de Morena en el Senado empujó un dictamen que reforma la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada de Morena en el Senado empujó un dictamen que reforma la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo; la Oposición la impugnó por considerar que deja en indefensión al ciudadano frente al SAT y representa en los hechos un caso de “terrorismo fiscal”.
En lo general, la reforma había prosperado con 64 votos en favor, 33 en contra y cero abstenciones, pero cuando el Pleno debía votar una reserva del senador morenista Javier Corral, el quórum se rompió por ausencia de senadores de la 4T.
La Oposición se abstuvo de votar para complicarle las cosas a Morena. La Mesa Directiva alargaba el tiempo para permitir que regresaran los legisladores, pero el tablero sólo registraba la presencia de 62, frente a los 65 requeridos.
“No vamos a permitir que revienten la sesión”, advertía la presidenta en turno, Verónica Camino.
“Fraude, fraude”, protestaba la Oposición.
La presidenta se vio forzada a anunciar un receso y citó a retomar las actividades a las 20:50 horas. Al filo de las 21:00 horas, ya había 66 legisladores.
La iniciativa pasó en lo general y en lo particular pasó con 66 votos en favor, 12 en contra del PRI y 15 abstenciones
En el debate en lo general, la Oposición había cuestionado el dictamen.
“Se pretende ampliar el margen de acción de la autoridad a cuenta de los derechos de los ciudadanos”, previno el emecista Luis Donaldo Colosio.
“Esto da incertidumbre, le están dando a la autoridad posibilidad de tener más mecanismos de impugnación”, advirtió la priista Claudia Anaya.
Por el PAN, Guadalupe Murguía advirtió que se restringe el derecho de los ciudadanos para recusar a un juzgador.
“La reforma le regala a la autoridad que ha perdido un asunto un medio de impugnación específico, es terrorismo fiscal, en perjuicio de los ciudadanos”, sentenció.
Por medio del senador Javier Corral, la bancada de Morena defendió el dictamen tras asegurar que el propósito de la reforma “es resolver los litigios en plazos más cortos en beneficio de la sociedad”.
“Vamos a poder lograr que un proceso administrativo que emita resoluciones prontas y expeditas y se establecen plazo de cinco días en actos que no prevén plazos”, detalló.
