- El plan de la Presidenta Claudia Sheinbaum para regular el sobre concesionamiento de agua en el sector agrícola podría enfrentar importantes limitaciones.
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MONTERREY, NL.- El plan de la Presidenta Claudia Sheinbaum para regular el sobre concesionamiento de agua en el sector agrícola podría enfrentar importantes limitaciones, pese a la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) carece del personal, presupuesto y capacidad operativa suficientes para auditar a los concesionarios a nivel nacional, advirtieron especialistas.
Ante la sobreexplotación de los acuíferos, la estrategia gubernamental debería priorizar la asignación de recursos y personal para inspecciones a agricultores e industriales, ya que, de lo contrario, la nueva legislación resultaría insuficiente, consideró Arturo González, vicepresidente de los consejos estatales del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
El especialista señaló que, aunque la Conagua ha endurecido las auditorías en entidades como Nuevo León y Coahuila, su personal no sería suficiente frente al volumen de concesionarios con posibles irregularidades.
Indicó que, si bien la mayoría de los pozos cuentan con medidores, existe una supervisión limitada, lo que permitiría la extracción de volúmenes superiores a los autorizados.
Por su parte, Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, advirtió que la ampliación de responsabilidades derivada de la reforma podría generar retrasos administrativos e incertidumbre, dadas las actuales limitaciones institucionales de la Conagua en inspección, verificación y resolución de trámites.
La propia Conagua estimó en marzo que alrededor de 7 mil concesionarios presentan irregularidades, de un universo de 580 mil, a los que se sumarían usuarios sin concesión que han perforado pozos de manera clandestina, principalmente en Coahuila y Baja California.
Las principales irregularidades detectadas están relacionadas con el uso del agua, ya que volúmenes asignados al sector agrícola son desviados hacia usos industriales o municipales, así como la venta ilegal de agua mediante pipas.
