Sergio León Cervantes
Durante años, México —y particularmente Quintana Roo— vivió bajo una ilusión cómoda: pensar que la energía era un asunto distante, técnico, reservado a potencias petroleras o a conflictos que ocurren “en otros mares”. Hoy, esa ilusión se desvanece.
Las acciones hostiles recientes de Estados Unidos sobre la logística petrolera de Venezuela no son un hecho aislado ni anecdótico. Son un mensaje geopolítico. Cuando se presiona a los tanqueros, se presiona al sistema energético global. Y cuando se presiona la energía, se presiona toda la economía.
Los datos son claros. Aunque México produce petróleo crudo, importa entre 60 y 70% de las gasolinas que consume, así como más del 50% del diésel. A esto se suma un dato crítico: más del 70% del gas natural utilizado para generar electricidad en el país es importado, principalmente desde Estados Unidos. En términos reales, México es energéticamente dependiente, no soberano.
Cada episodio de tensión internacional eleva:
- los costos de flete marítimo,
- las primas de seguro por riesgo geopolítico,
- y los precios futuros de los energéticos.
Esto no siempre se refleja de inmediato en el precio al consumidor, pero sí se filtra como inflación indirecta. De acuerdo con estimaciones económicas, un aumento del 10% en combustibles puede generar entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales adicionales de inflación general, afectando transporte, alimentos, electricidad y servicios.
En Quintana Roo, el impacto es todavía más delicado. Somos uno de los estados más energéticamente vulnerables del país:
- Más del 90% de la electricidad se genera con combustibles fósiles.
- El turismo, el transporte de mercancías y la distribución de alimentos dependen casi por completo del diésel importado.
- No contamos con capacidad relevante de refinación, almacenamiento estratégico ni generación energética propia.
Para dimensionarlo: un incremento sostenido del 10% en combustibles puede elevar entre 3 y 6% los costos operativos del sector turístico, presionando tarifas, reduciendo márgenes y afectando competitividad frente a destinos internacionales con energía más barata y estable.
Aquí aparece la verdad incómoda: nuestro modelo energético es obsoleto. No porque el petróleo vaya a desaparecer mañana, sino porque es estratégicamente frágil. Depende de rutas marítimas, sanciones, decisiones políticas externas y conflictos que no controlamos. Es un modelo del siglo XX operando en un mundo multipolar del siglo XXI.
¿Qué debemos cambiar?
Primero, la política pública federal. México necesita con urgencia:
- incentivos fiscales reales para generación distribuida,
- certidumbre jurídica para inversión en energías limpias,
- modernización de la red eléctrica y sistemas de almacenamiento,
- marcos legales que permitan a estados y empresas producir y gestionar su propia energía.
Segundo, Quintana Roo debe asumir su realidad energética. No podemos seguir dependiendo del diésel y del biodiésel como soluciones temporales. El estado necesita avanzar hacia:
- energía solar a escala hotelera, urbana e industrial,
- microrredes regionales,
- almacenamiento energético,
- y en el mediano plazo, proyectos de hidrógeno verde ligados al turismo y la industria.
Tercero, el empresariado debe cambiar de mentalidad. La energía ya no es sólo un costo operativo: es una decisión estratégica. La empresa que no invierta hoy en autonomía energética será mañana rehén de la geopolítica, de la inflación y de la volatilidad global.
Esto no es una crisis lejana. Es una advertencia.
La energía define precios, define competitividad y define soberanía.
Y hoy, México —y Quintana Roo— siguen caminando con un sistema energético endeble, dependiente y vulnerable.
La pregunta ya no es si nos va a afectar.
La pregunta es si vamos a cambiar antes de que el costo sea irreversible.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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