- Localidades de la zona limítrofe de Quintana Roo y Campeche tendrán finalmente acceso al agua potable en 2026, a 5 años de que ganaron un juicio.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Habitantes de una decena de comunidades rurales en la zona limítrofe de Quintana Roo y Campeche tendrán finalmente acceso al agua potable en 2026.
La disposición doméstica del vital líquido será posible por la conclusión de un acueducto, informó Andrés Blanco Cruz, quien es el representante jurídico de los solicitantes del servicio.
El jurista explicó que este logro deriva de haber ganado un juicio iniciado en 2019 por los habitantes de las localidades Caña Brava, Guillermo Prieto y Felipe Ángeles.
El litigio se dio contra el gobierno de Quintana Roo, el Congreso local y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Resultado del triunfo jurídico en 2021, el gobierno estatal ha asignado recursos anuales para la construcción de esta obra que beneficiará a las comunidades rurales.
El acueducto prácticamente está concluido, y solo falta finalizar algunas redes de distribución y tanques de almacenamiento, los que prácticamente estarán listos el año próximo.
Como resultado de la obra pública, los habitantes beneficiados pertenecen a las 10 comunidades que van desde Dos Aguadas hasta Caña Brava.
“Únicamente falta una inversión de 20 millones de pesos, lo que llevaría a un total de 150 millones lo que se ha destinado para concluir la construcción del acueducto”, insistió
Mientras tanto, muchas de las familias que aún no cuentan con el vital líquido para sus actividades diarias, mantienen el almacenamiento de agua de lluvia o la recolección a través de cuerpos de agua, conocido en la zona como jagüeyes.
“En las comunidades de la zona limítrofe es un tema que muchas comunidades tendrán el servicio por primera vez”, agregó.
Las familias beneficiadas suman en promedio a seis mil familias, luego del litigio que ganaron hace más de cuatro años.
El abogado recordó que desde 2019, las comunidades de Caña Brava, Guillermo Prieto y Felipe Ángeles iniciaron un juicio contra el gobierno del estado de Quintana Roo, Congreso del Estado y la CAPA para la dotación de agua potable.
Y desde el 2021, como resultado de un mandato de los tribunales federales, las autoridades designan un recurso de su presupuesto anual para la construcción de este acueducto que finalmente beneficiaría a 10 comunidades rurales.
