José Réyez
En Oaxaca una comunidad indígena chatina denuncia un “cartel del despojo” que está robando tierras comunales en áreas turísticas y ecológicas, con la complicidad de autoridades locales y notarios.
El caso de Santiago Cuixtla es un ejemplo emblemático del despojo que sufren las comunidades indígenas y de cómo han sido marginados desde la Colonia, con políticas que han ignorado sus derechos sobre la tierra.
En el corazón de la riqueza biocultural de México late una herida histórica y profunda: el despojo y la marginación de sus pueblos indígenas.
Mientras el país se proyecta al mundo con una imagen de diversidad y tradición, en sus territorios más fértiles, más ricos en recursos o con potencial turístico, se libra una guerra silenciosa y brutal.
Una guerra donde las víctimas son comunidades enteras, cuyos derechos ancestrales son pisoteados por una mezcla tóxica de codicia, corrupción e impunidad.
El reciente caso de la comunidad chatina de Santiago Cuixtla, en la costa de Oaxaca, no es una anomalía; es el síntoma de una enfermedad nacional.
La denuncia es estremecedora. La comunidad, reconocida como núcleo agrario desde 1989, enfrenta a un entramado al que llaman el “Cártel del Despojo”.
Este grupo, con presuntos vínculos con el crimen organizado y la anuencia de autoridades locales, opera para arrebatar y comercializar ilegalmente tierras comunales en Playa Palmarito y la Laguna de Manialtepec, áreas de alto valor ambiental donde la privatización está expresamente prohibida.
Operan con escrituras apócrifas, amparados por notarios cuestionables, y se presentan armados, incluso con uniformes que imitan a los de la Fiscalía local, sembrando el terror entre los legítimos poseedores de la tierra.
Detrás de estos actos hay nombres: Jorge Eduardo Echaide Amador, vinculado a fraudes masivos; inmobiliarias como Grupo Pacífico Escondido; y una red que llega a presuntas autoridades municipales que expiden permisos irregulares.
El conflicto refleja flagelos estructurales: Despojo territorial: La tierra para los pueblos indígenas no es una mercancía; es territorio, identidad, sustento y espacio sagrado. Sin embargo, es vista por caciques, corporaciones y especuladores inmobiliarios como un botín.
Segundo, megaproyectos turísticos, mineros, eólicos o agroindustriales avanzan sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, violentando el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución.
Tercero, colusión del poder: El despojo rara vez ocurre sin complicidad. El caso de Oaxaca señala a un notario público, a autoridades municipales y sugiere la inacción o lentitud de instancias estatales y federales.
Esta colusión crea un muro de impunidad que desalienta la defensa legal y deja a las comunidades en total desamparo, frente a un Estado que parece actuar, cuando lo hace, con una mano mientras con la otra protege a los despojadores.
Cuando las comunidades se organizan para defender lo suyo, la respuesta frecuente es la estigmatización, la criminalización o la violencia directa.
El uso de grupos armados, como se reporta en Oaxaca, o la represión por parte de fuerzas estatales, transforma la defensa legítima del territorio en un acto de alta peligrosidad. Los defensores de la tierra y el territorio se cuentan entre los grupos más vulnerables y amenazados en México.
En el fondo de este conflicto yace un racismo profundo que desvaloriza la vida, la cultura y los sistemas de gobierno indígenas. La visión de que el “desarrollo” (sinónimo frecuente de explotación comercial) debe imponerse sobre “atrasos” comunitarios justifica políticas de hecho que ignoran la autonomía y la ley.
México se construyó sobre el despojo indígena. La Colonia, el Porfiriato y modelos de desarrollo del siglo XX consolidaron este patrón. En el siglo XXI, lejos de corregirse, se ha sofisticado. Ahora se viste con escrituras falsas, estudios de impacto ambiental amañados, consultas simuladas y alianzas con el crimen.
La lucha de Santiago Cuixtla es la lucha de Cherán, de los yaquis, de los pueblos del Istmo, de la Sierra Tarahumara. Es la defensa de los últimos bastiones de biodiversidad y cultura contra una lógica extractivista y excluyente.
Exige una respuesta de Estado contundente y coherente: investigar y desarticular las redes de despojo, castigar a los funcionarios coludidos, respetar y hacer respetar los territorios comunales, y garantizar la seguridad de los defensores.
El problema indígena de México no es folclor; es justicia. Mientras no se resuelva con equidad y respeto, el país seguirá condenado a la conflictividad y a traicionar el alma plural que dice encarnar.
La dignidad de México depende de la dignidad de sus pueblos originarios. Su grito, como el de los chatinas en Oaxaca, no puede seguir cayendo en el vacío.
