José Réyez
Un análisis estructural, no sólo descriptiva, que relacione el hambre en México con factores como el capitalismo, la dependencia económica, las políticas neoliberales y la lucha de clases, nos lleva a la soberanía alimentaria, la explotación y la resistencia popular.
México tiene altos niveles de desigualdad y pobreza alimentaria, a pesar de ser un gran productor agrícola, pero desde la perspectiva de la acumulación capitalista, donde los recursos se concentran en pocas manos (empresas agroindustriales, transnacionales) las comunidades campesinas sufren. También habría que considerar el impacto del TLCAN, la privatización, y la represión contra movimientos sociales.
En México, el Estado ha servido históricamente a los intereses de la burguesía y el imperialismo (especialmente estadounidense), perpetuando el hambre como forma de control social que exige la necesidad de una transformación radical.
El hambre no es una fatalidad natural, sino un arma política y económica afilada por siglos de explotación. Un análisis estructural desnuda sus raíces: no en la escasez, sino en la estructura de clases y la dependencia imperialista.
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Mientras el país es una potencia agroexportadora, millones padecen inseguridad alimentaria. Esta contradicción es la esencia del capitalismo dependiente.
Tras la conquista y el porfiriato, la Revolución Mexicana prometió tierra y libertad. Sin embargo, el régimen posrevolucionario consolidó un capitalismo subordinado. El artículo 27 constitucional, logro campesino, fue mutilado por las reformas salinistas de 1992, allanando el camino al neoliberalismo.
El Tratado de Libre Comercio (TLCAN) fue el golpe de gracia: inundó el mercado con maíz subsidiado estadounidense, quebrantando la soberanía alimentaria y desplazando a millones de campesinos. El campo se convirtió en botín de corporaciones agroindustriales y narcotráfico, mientras el Estado retiraba subsidios y apoyo técnico.
Hoy, según el Coneval, más de 22 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria. Esta miseria coexiste con la opulencia de la oligarquía agroexportadora y la cadena de supermercados que monopoliza la distribución.
El hambre es funcional al sistema: una población desnutrida y desesperada es más vulnerable, más explotable y menos capaz de organizarse. Es un mecanismo de control social y de disciplinamiento laboral.
El Estado: Gendarme de la Burguesía
El Estado mexicano, lejos de ser neutral, es el comité ejecutivo de la burguesía. Sus políticas –como el Programa Sembrando Vida, que algunos analistas críticos señalan como insuficiente y clientelar– maquillan la crisis sin atacar sus causas.
La “Cruzada contra el Hambre” de administraciones pasadas fue un paliativo publicitario que no cuestionó la concentración de la tierra, el acaparamiento de agua o los precios de garantía injustos.
La represión es la otra cara de la moneda. Los defensores de la tierra y el agua, como Samir Flores Soberano, asesinado por oponerse al Proyecto Integral Morelos, son ejemplos de cómo el Estado y el capital criminal silencian la resistencia.
Bajo el pretexto de la “seguridad”, la milicia protege los intereses de mineras, hidroeléctricas y megaproyectos que devastan el territorio y profundizan la crisis alimentaria.
Frente a este panorama, la resistencia se organiza. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no sólo se alzó en armas en 1994 contra el TLCAN, sino que construye autonomía en Chiapas, con sistemas colectivos de producción y distribución que garantizan alimentación para sus comunidades. Los pueblos originarios y campesinos defienden el maíz nativo contra los transgénicos, encarnando la lucha por la soberanía alimentaria como parte de la lucha anticapitalista.
Las cooperativas, los mercados populares y las redes de trueque surgen como embriones de una economía popular contrahegemónica. Exigen la anulación de los tratados de libre comercio, una reforma agraria integral y verdadera, y la nacionalización bajo control obrero y campesino de los recursos estratégicos como el agua y las semillas.
El hambre en México es un crimen de clase. Combatirla exige superar el asistencialismo y enfrentar el poder del capital. Requiere una alianza obrero-campesina, la expropiación de los latifundios y agroindustrias, y un plan socialista de producción y distribución basado en las necesidades populares, no en la ganancia.
El Estado burgués no se reforma; se conquista. La batalla por el pan es, por tanto, una batalla por el poder político. La experiencia zapatista y la lucha diaria de las comunidades señalan el camino: la autoorganización, la defensa del territorio y la construcción de un proyecto popular que ponga la vida en el centro. Derrotar el hambre es derrotar al capital. Esa es la tarea histórica.
