José Réyez
Un informe estratégico advierte sobre los desafíos de seguridad nacional e internacional que enfrentará el país el próximo año, con énfasis en crimen organizado, ciberataques y desorden global.
En un mundo que se redefine entre tensiones geopolíticas, disrupción tecnológica y deterioro ambiental, México se enfrenta a un año crítico en 2026.
Así lo advierte la Agenda de Riesgos México 2026, elaborada por Consultores en Inteligencia y Seguridad (CIS), un documento que no sólo diagnostica los principales desafíos estratégicos, sino que los prioriza en una matriz de impacto y probabilidad.
Con un enfoque prospectivo riguroso, el informe pinta un panorama donde lo internacional y lo nacional se entrelazan, colocando al país en una posición de vulnerabilidad que exige decisiones claras y acciones coordinadas.
El informe, firmado por Fernando Jiménez Sánchez, Francisco Franco Quintero y Julio Macés León, se estructura en torno a nueve riesgos internacionales y nueve nacionales, evaluados mediante una metodología que combina análisis de tendencias, construcción de escenarios y evaluación cuantitativa.
La matriz resultante es aleccionadora: los riesgos con mayor puntuación (probabilidad × impacto) son los ciberataques a infraestructura crítica, la competencia estratégica entre China y Estados Unidos, la escalada de violencia criminal y el crimen organizado como actor geopolítico.
En el ámbito internacional, el documento destaca cómo la multipolaridad ampliada y la disputa por valores entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia erosionan los consensos multilaterales y debilitan la cooperación global.
Para México, esto implica una presión creciente para definir posiciones en un escenario cada vez más polarizado, donde su tradicional autonomía estratégica se ve amenazada por alineamientos forzados.
A esto se suman los conflictos híbridos, donde tácticas como ciberataques, desinformación y presión económica son utilizadas por actores estatales y no estatales, desafiando la capacidad de respuesta de un Estado con instituciones aún en construcción.
Uno de los riesgos más alarmantes es el crimen organizado transnacional y su capacidad de captura social. El informe subraya cómo estas estructuras no sólo compiten con el Estado por territorio y recursos, sino que penetran economías formales, normalizan el consumo de bienes ilícitos y corroen el tejido social.
En un contexto donde el crimen organizado mexicano ha evolucionado hacia redes transnacionales con influencia geopolítica, su impacto trasciende lo meramente delictivo y afecta la gobernabilidad, la cohesión comunitaria e incluso las dinámicas diplomáticas.
A nivel nacional, los riesgos son aún más apremiantes. El debilitamiento del poder nacional encabeza la lista, con un Estado cuya capacidad de proyección se ve mermada por la falta de visión estratégica, la corrupción histórica y estructuras administrativas frágiles.
Esta debilidad se refleja en un control territorial fragmentado, donde el vacío de autoridad estatal ha permitido el surgimiento de órdenes criminales paralelos que regulan la vida social, económica y política en amplias zonas del país.
La violencia criminal ha adoptado tácticas terroristas, con uso de explosivos improvisados, ataques indiscriminados y violencia simbólica. Este fenómeno, alimentado por disputas internas entre grupos criminales y una respuesta estatal inefectiva, aumenta el riesgo de una escalada sostenida con métodos insurgentes.
La incapacidad para diseñar una política de seguridad integral —que combine inteligencia, operaciones sostenidas y prevención social— deja al país expuesto a una espiral de violencia cada vez más letal.
Quizás el riesgo mejor puntuado en la matriz nacional es el de los ciberataques a infraestructura crítica. La dependencia tecnológica de Estados Unidos y China, la obsolescencia de los sistemas de protección y la falta de estándares unificados de ciberseguridad convierten a México en un blanco vulnerable. Un ataque exitoso contra sectores energéticos, logísticos o financieros podría paralizar servicios esenciales con costos económicos y sociales devastadores.
La migración irregular y el tráfico humano en la frontera sur operan en un espacio de alta complejidad, donde confluyen flujos migratorios crecientes, redes criminales y tensiones diplomáticas. La expansión de estas redes no sólo explota a migrantes, sino que desestabiliza regiones enteras, retando la ya frágil seguridad fronteriza.
El informe advierte sobre la expansión de un régimen de vigilancia digital, impulsado por inteligencia artificial y tecnologías biométricas. Si bien estas herramientas podrían ayudar a combatir la criminalidad, en un contexto de instituciones débiles y altos niveles de corrupción, su uso indiscriminado representa una amenaza profunda a los derechos y libertades civiles.
El informe habla de riesgos internacionales y nacionales, con una matriz que los prioriza. Los riesgos internacionales incluyen cosas como la multipolaridad, conflictos híbridos, crimen organizado transnacional, terrorismo, tensiones en el Indo-Pacífico, etc. Los nacionales son debilitamiento del poder nacional, violencia criminal, ciberataques, migración irregular, entre otros.
En el frente regional, la crisis crónica en Centroamérica —con una combinación de cambio climático, autoritarismo, violencia y colapso económico— intensifica los flujos migratorios y fortalece las redes de tráfico humano. México, más que un corredor de tránsito, se convierte en espacio de contención, enfrentando dilemas humanitarios y de seguridad sin capacidad real de resolución.
Los riesgos internacionales que afectan a México, como la competencia entre China y EE.UU., y la situación en Centroamérica, lo cual enlaza estos riesgos con las vulnerabilidades nacionales para mostrar cómo se interconectan.
La tensión entre Estados Unidos y China en el Indo-Pacífico representa otro punto crítico. Cualquier escalada en la región, especialmente en torno a Taiwán o el Mar del Sur de China, podría disruptir las cadenas de suministro globales, afectando sectores clave para México como el automotriz, tecnológico y farmacéutico. El llamado nearshoring, lejos de ser una panacea, podría convertirse en un desafío ante la falta de resiliencia económica e infraestructura adecuada en el país.
La Agenda de Riesgos México 2026 no es un ejercicio fatalista, sino una herramienta de prospectiva diseñada para orientar la toma de decisiones. Su mensaje central es claro: México enfrenta un entorno de incertidumbre estructural que requiere respuestas coordinadas, visión de largo plazo y fortalecimiento institucional.
Ignorar estos riesgos, o subestimar su interconexión, podría comprometer no sólo la seguridad, sino la viabilidad futura del Estado mexicano. En un mundo fracturado, la resiliencia nacional dependerá de la capacidad para anticipar, priorizar y actuar con estratégica claridad.
