- Una jueza negó cancelar el proceso contra Javier Ramírez Campuzano por presunto fraude de más de 44 millones de pesos en la remodelación de San Lázaro.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Una juez federal rechazó cancelar el proceso iniciado a Javier Ramírez Campuzano, hijo del reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, por un supuesto fraude de más de 44 millones de pesos en los trabajos de remodelación de las fachadas de la Cámara de Diputados en el 2013.
María del Carmen Sánchez Cisneros, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, canceló el trámite del amparo con el que Ramírez pretendía que fuera anulado su proceso por el delito de fraude específico.
De acuerdo con el fallo, Ramírez pidió el sobreseimiento o cancelación de su proceso durante la audiencia intermedia celebrada el pasado 2 de septiembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, solicitud que fue rechazada por el juez de control.
Ante la negativa, el quejoso presentó el amparo, sin embargo, la juez Sánchez Cisneros lo declaró improcedente porque en esa audiencia intermedia el juzgador dictó la apertura de juicio.
Esto último, señaló, puso fin al proceso y dejó en manos de un tribunal de enjuiciamiento la competencia para resolver sobre el caso. Es decir, la juez Sánchez ya no tenía la potestad para decidir en este asunto debido a la etapa procesal en la que se encuentra.
“La apertura de la etapa de juicio oral impide que lo ocurrido en las fases anteriores puedan reabrirse y ser sometidas a debate, por lo que los reclamos deben tenerse por irremediablemente consumados cuando se llegue a ese punto”, dice la juez de amparo, al referir una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ramírez, quien lleva su proceso en libertad, ya impugnó este fallo mediante un recurso de revisión que deberá resolver un tribunal colegiado de circuito en materia penal.
El 26 de diciembre de 2013 la Cámara de Diputados adjudicó al despacho Ramírez Vázquez y Asociados un contrato de 51 millones 850 mil 79 pesos para remodelar, restaurar y dar mantenimiento a la plaza cívica y las fachadas del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Los trabajos también contemplaban recuperar los acabados del recinto y usar materiales que aligeraran el peso de los edificios para disminuir el hundimiento.
Según la FGR, la proveedora se comprometió a usar un material con resistencia al agua, a rayos ultravioleta y con una vida útil de 30 años, pero a los dos meses de concluida la obra se comenzaron a apreciar daños como la filtración de agua y desprendimiento del material colocado.
La Fiscalía dictaminó que el despacho utilizó para la obra un material conocido como neo cantera, empleado exclusivamente para interiores por sus características de porosidad. Los daños por vicios ocultos fueron detectados en las fachadas de los edificios “D”, “E”, y “F”, así como en faldones de los edificios “A”, “C” “E” y “G” del recinto legislativo.
