- La titular del SNA presentó 15 recomendaciones para una reforma anticorrupción, al admitir que la seguridad pública es uno de los sectores más corruptos del país.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reconocer que el de la seguridad pública es uno de los sectores más corruptos en el país, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, presentó ante diputados y especialistas 15 recomendaciones que, espera, sean consideradas en una reforma anticorrupción.
Al iniciar las consultas sobre la renovación del SNA, la especialista indicó que la corrupción ha avanzado de manera trasnacional, de ahí que dejó de ser un tema meramente administrativo y de ética pública, para convertirse en un tema de seguridad nacional.
Pérez Morales demandó una política anticorrupción transversal y de Estado para abatir el vínculo directo con la delincuencia organizada y lograr que pueda bajar el 45 por ciento de los mexicanos que sufren de corrupción a través de los servicios públicos, entre ellos los de tránsito y seguridad pública.
Advirtió que, de acuerdo con el Inegi, la infiltración de los cuerpos de seguridad alcanza un 86.7 por ciento, lo que representa una amenaza a la estabilidad democrática, pero también económica, pues expertos han calculado en un 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) las pérdidas por corrupción.
La especialista dijo que si bien se ha avanzado en algunos temas, falta mucho para que el combate a este fenómeno se convierta en un factor estructural capaz de debilitar las estructuras criminales y de impunidad que operan en el país y que hoy facilitan la operación de grupos criminales.
“Esto no solamente ocurre en México. El tema de la corrupción y del crimen organizado ha traspasado las fronteras y está permeando a lo largo del orbe. Esto es: los recursos públicos están financiando al crimen organizado, a campañas electorales y también a grupos empresariales, pero también proyectos ilícitos”, afirmó.
Recordó que en noviembre pasado, la Presidenta planteó revisar la operación del SNA y, desde entonces, han trabajado de manera coordinada con la Cámara de Diputados para presentar 15 líneas estratégicas sobre hacia dónde debería transitar el Sistema.
La presidenta del SNA propuso rediseñar la Política Nacional Anticorrupción a partir de metas claras, indicadores medibles y vinculación obligatoria, estableciéndola como una política de Estado que incluya mecanismos de fiscalización y control de recursos púbicos, con evaluaciones independientes y externas cada cinco años.
