- El Gobierno federal revisa dos rutas: impugnar jurídicamente la ampliación de la concesión otorgada a Aguakan o, en un escenario de negociación, comprar la concesión.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal revisa dos rutas para resolver el futuro del servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen: impugnar jurídicamente la ampliación de la concesión otorgada a Aguakan o, en un escenario de negociación, comprar la concesión.
Pero la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que, por ahora, no hay condiciones para un acuerdo: la empresa ha planteado un monto cercano a 12 mil millones de pesos.
En su conferencia matutina, la mandataria explicó que el tema se trabaja junto con el Gobierno de Quintana Roo y los municipios involucrados, y que la revisión incluye el procedimiento mediante el cual se extendió la concesión y que un juzgado federal ya resolvió en primera instancia en contra de la empresa.
Según Sheinbaum, incluso se ha considerado la posibilidad de adquirirla, bajo el argumento de que Aguakan ya habría recuperado su inversión; sin embargo, el precio solicitado por la empresa vuelve inviable esa alternativa.
“Se le ha planteado a la empresa… lo que pasa es que los precios son muy, muy altos. Llegaron incluso a plantear cerca de 12 mil millones, pues eso sería absurdo pagarlo”, sostuvo.
Dos caminos: tribunales o compra
Sheinbaum subrayó que cualquier decisión debe sostenerse en un procedimiento legal y jurídico por lo que rechazó la idea de un retiro abrupto de la concesión y apuntó que, en este tipo de casos, el Estado no puede actuar por decreto o voluntad política sin sustento jurídico.
“No puede llegar uno a quitarle la concesión a una persona si no se hace bajo un procedimiento jurídico. Tiene que ser bajo la ley, no se puede quitar la concesión así de la noche a la mañana”, señaló.
La presidenta precisó que el expediente se analiza desde mediados del año pasado —un proceso que, dijo, inició en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— y que actualmente participan Banobras y la Conagua en la revisión del caso.
El conflicto en torno a Aguakan se arrastra desde hace años y tomó mayor fuerza tras la consulta realizada en junio de 2022, cuando una mayoría de habitantes en los municipios implicados votó por retirar la concesión a la empresa. Sheinbaum recordó que ese antecedente forma parte del análisis actual, aunque enfatizó que, incluso con respaldo ciudadano, el camino debe transitar por la vía institucional.
“Lo estamos revisando desde más o menos mediados del año pasado. Se venía revisando desde el Gobierno del Presidente López Obrador. Nosotros retomamos el caso con Banobras desde mediados del año pasado y está participando también Conagua”, indicó.
