José Réyez
En un mundo donde la riqueza de los milmillonarios crece tres veces más rápido que en los cinco años previos, y donde una de cada cuatro personas enfrenta hambre, la pregunta que plantea Oxfam en su más reciente informe es más urgente que nunca: ¿oligarquía o democracia?
Para México, la respuesta no es teórica; se vive en las calles, en los hogares, en la concentración del poder y en la persistente brecha que separa a una élite diminuta de una mayoría que lucha por sobrevivir.
El informe “Contra el imperio de los más ricos”, publicado en enero de 2026, traza una línea directa entre la acumulación extrema de riqueza y la erosión de las libertades democráticas.
A nivel global, los datos son escalofriantes: por primera vez en la historia hay más de 3,000 milmillonarios, cuya riqueza combinada alcanza los 18.3 billones de dólares. Mientras, 2,600 millones de personas no pueden costear una alimentación saludable. Pero ¿cómo se traduce esta dinámica en el caso mexicano?
México es un espejo casi perfecto de las tendencias globales. La riqueza se concentra en manos de unos pocos: según Forbes, Carlos Slim sigue siendo el hombre más rico del país, con una fortuna que supera los 90,000 millones de dólares. Junto con otros magnates de telecomunicaciones, medios, minería y construcción, este grupo ejerce un poder económico que fácilmente se traslada al ámbito político.
Como señala Oxfam, en países con alta desigualdad, los milmillonarios tienen 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que una persona común.
Esta no es una mera especulación. La influencia de las élites empresariales en la política mexicana tiene décadas de historia, pero se ha sofisticado: el lobby en sombra, las puertas giratorias, la financiación de campañas y la propiedad de medios de comunicación son mecanismos bien aceitados.
El informe destaca que, a nivel mundial, siete de las diez mayores empresas de medios están en manos de milmillonarios. En México, la mayoría de los grandes consorcios mediáticos están controlados por un puñado de familias, lo que limita el pluralismo y moldea la opinión pública a favor de intereses corporativos.
La desigualdad en México no es sólo económica; es política. Oxfam advierte que la desigualdad económica “abona el terreno para un mayor autoritarismo”.
En un país donde el 1% más rico captura más del 40% de la riqueza nacional, según datos del World Inequality Lab, la capacidad de la mayoría para influir en las decisiones públicas se ve severamente mermada.
La pobreza, que afecta a casi la mitad de la población (alrededor de 60 millones de personas según cifras del Coneval), se convierte en pobreza política: falta de tiempo, recursos y acceso a la representación. Las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades rurales y la población LGBTIQ+ enfrentan barreras adicionales.
El informe subraya que, a mayor desigualdad, mayor es el riesgo de erosión democrática: países como México, con un coeficiente de Gini alto, son más propensos al retroceso en libertades civiles.
Cuando la ciudadanía exige derechos y mejorías, la respuesta estatal a menudo no es la redistribución, sino la represión. El informe documenta cómo, desde Kenia hasta Colombia, los gobiernos optan por sofocar las protestas en lugar de atender las causas del descontento.
México no es ajeno a esta lógica. Las movilizaciones sociales de los últimos años —por justicia para las víctimas de violencia, por derechos laborales, contra la austeridad y en defensa del medioambiente— han encontrado frecuentemente una respuesta que combina la criminalización, la vigilancia digital y, en casos extremos, la violencia física.
El informe cita el papel de las plataformas digitales como nuevo campo de batalla. La compra de Twitter (X) por Elon Musk y el consecuente aumento de discursos de odio y desinformación tienen un paralelo en México: las redes sociales son usadas para desprestigiar movimientos sociales, vigilar a activistas y difundir narrativas que dividen a la sociedad.
La filósofa Ingrid Robeyns, citada en el informe, argumenta que la riqueza extrema es “injustificable moralmente y peligrosa políticamente”. En México, ese peligro se materializa cuando el poder económico distorsiona el espacio público, debilita las instituciones y corroe la confianza social.
El diagnóstico de Oxfam es desolador, pero no fatalista. Propone una agenda triple que México podría —y debería— adoptar:
Reducir drásticamente la desigualdad económica: Esto implica políticas fiscales progresivas reales, donde quienes más tienen contribuyan de manera significativa. Un impuesto a la riqueza extrema, como el propuesto por Robeyns (con un umbral alrededor de los 10 millones de dólares), sería un paso clave.
Además, se requieren salarios dignos, fortalecimiento de los servicios públicos (salud, educación, vivienda) y cancelación de deudas injustas para liberar recursos hacia la inversión social.
Frenar el poder político de los superricos: México necesita un cortafuegos claro entre dinero y política. Esto incluye: regulación estricta del lobby y las puertas giratorias; prohibición de financiamiento de campañas por parte de milmillonarios; leyes antimonopolio en sectores claves como medios de comunicación y telecomunicaciones; y transparencia algorítmica en plataformas digitales. La independencia de los medios y la diversidad de voces son pilares de una democracia sana.
Construir el poder político de la mayoría: La fortaleza de la democracia mexicana depende de su capacidad para incluir a los excluidos. Es vital proteger y ampliar el espacio cívico, garantizando el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la asociación.
Los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos indígenas y comunitarios son contrapesos esenciales frente al poder oligárquico. Experiencias como los presupuestos participativos (aplicados con éxito en ciudades como Porto Alegre, Brasil) muestran que la ciudadanía, cuando tiene canales reales de incidencia, puede impulsar políticas más justas.
México está en una encrucijada. Puede continuar por la senda de la concentración extrema, donde el poder económico captura al Estado, se debilita la democracia y se reprimen las demandas sociales. O puede optar por un camino distinto: uno donde la riqueza se redistribuya, el poder se disperse y la voz de la mayoría sea el eje de la vida pública.
Como señala Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en el prólogo del informe: “Un mundo nuevo y más justo es posible. Ahora toca organizarse, movilizarse e ir a por él”.
Para México, ese mundo más justo requiere mirar de frente al “imperio de los más ricos” y decidir, con coraje y claridad, que la democracia no es un lujo, sino la única vía para garantizar la dignidad de todos.
El futuro no está escrito. Depende de las decisiones que tomemos hoy, de la presión social organizada, de la voluntad política y de la convicción de que otro México —más igualitario, libre y democrático— no sólo es necesario, sino alcanzable. La disyuntiva es clara: oligarquía o democracia. Nos toca elegir.
