- El sector patronal aseguró que la extorsión afecta las decisiones de inversión de las empresas y limita su crecimiento.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El sector patronal aseguró que la extorsión afecta las decisiones de inversión de las empresas y limita su crecimiento.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que este delito se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México.
Para la Coparmex, este no es un fenómeno aislado ni transitorio, sino que es una presión constante que se está consolidando como un delito estructural.
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“No se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones.
“Al cierre del 2025, los datos abiertos de Incidencia Delictiva del Sesnsp (Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública) revelan una paradoja alarmante.
“Pese a que se observa evidencia de reducción en algunos delitos, la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva”, dijo la Coparmex en un comunicado.
Agregó que el balance de la última década confirma que el problema no es coyuntural.
En comparación con el 2015, el número anual de víctimas pasó de seis mil 223 a 11 mil 81, lo que implica un aumento de 78.1%, en 10 años.
Agregó que, a nivel estatal, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito.
Cinco entidades (Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz) concentran 65.2 por ciento de las víctimas.
“En el 2025, 20 de las 32 entidades registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significa que en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo.
“Entre los incrementos más relevantes destacan Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Puebla.
“El 68.8 por ciento de los eventos se realizó vía telefónica y 31.2 por ciento de las denuncias el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho.
“Desde Coparmex sostenemos que estos datos obligan a colocar la extorsión como prioridad nacional de política pública.
“Si bien es relevante la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito”, consideró.
