- Jessica Blancas y tres exfuncionarios de Finanzas de Hidalgo fueron inhabilitados por contrataciones con Banco Accendo, en liquidación judicial.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Jessica Blancas, quien fue Secretaria de Finanzas durante el Gobierno de Omar Fayad en Hidalgo, así como a tres funcionarios más adscritos al área fueron inhabilitados tras sostener contrataciones con Banco Accendo, que está en proceso de liquidación judicial.
De acuerdo con datos del Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, la Contraloría también imposibilitó al ex subsecretario de Egresos César González López; al ex Director General de Ingresos Juan Luis García Hernández, y al ex titular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud Ignacio Valdez.
La autoridad determinó que la inhabilitación no los exime de responsabilidades administrativas, civiles o penales adicionales derivadas del proceso de liquidación, pues resta determinar si los activos del banco que están asegurados son suficientes para cubrir los adeudos pendientes con el Gobierno estatal.
Las resoluciones administrativas indican que cuando los ex funcionarios de Fayad establecieron esa relación contractual ocasionaron una perjuicio a las finanzas del estado, pues actualmente no pueden disponer de 863 millones de pesos.
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“Actualmente no es posible disponer de aproximadamente 863 millones de pesos, recursos que permanecen sujetos al procedimiento de liquidación derivado de la revocación de la autorización para operar del banco”, de acuerdo con la resolución.
Todo ello, indica el documento, lo llevaron a cabo pese a las advertencias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la situación financiera de Accendo.
“Los servidores públicos involucrados omitieron realizar las acciones necesarias para retirar oportunamente los recursos públicos, exponiéndolos al riesgo que hoy impide su recuperación inmediata”, indica el dictamen.
En noviembre pasado, el actual titular de la Secretaría de Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, reveló la indagatoria por posible responsabilidad legal en contra de estos ex servidores públicos por las inversiones autorizadas al Banco.
