POR KUKULKÁN
LA MORAL en México tiene horario de oficina y militancia definida. Abre cuando el acusado viste guinda y cierra puntualmente cuando el expediente lleva los colores del PAN, PRI o PRD. Así funciona y debe funcionar la justicia según la oposición: no como un principio, sino como un arma arrojadiza de uso selectivo.
Basta con que un funcionario de la Cuarta Transformación sea mencionado en una investigación para que aparezcan los profetas del castigo inmediato.
CONFERENCIAS, columnas, marchas “ciudadanas” y exigencias de cárcel exprés, como si el debido proceso fuera un estorbo y no una garantía constitucional. Pero cuando el nombre incómodo es el de un exgobernador opositor, la narrativa cambia: ya no hay delincuentes, sino “perseguidos políticos”.
AHÍ ESTÁ el elefante en la sala que nadie quiere ver: Francisco García Cabeza de Vaca. Un exgobernador panista con señalamientos por delincuencia organizada y lavado de dinero, que ha hecho del amparo su residencia habitual. Órdenes de aprehensión que van y vienen, recursos legales que se enciman, y una Fiscalía que se ha dedicado a litigar mientras el personaje se pasea como símbolo de la “resistencia democrática”. Para la oposición, Cabeza de Vaca no representa impunidad, sino valentía. La ironía se escribe sola.
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TAMPOCO sale ileso el extinto PRD, que gusta presentarse como conciencia moral de la República. Silvano Aureoles, exmandatario de Michoacán, dejó tras de sí una estela de contratos inflados, cuarteles arrendados a precios de escándalo y un boquete financiero que todavía paga el estado. Los expedientes están abiertos, los números son públicos y las preguntas siguen sin respuesta. ¿La reacción de sus correligionarios? Silencio absoluto. Al parecer, la memoria histórica también prescribe.
DEL LADO del PRI, el álbum de pendientes es aún más voluminoso. Exgobernadores investigados por desvíos millonarios, redes de corrupción institucionalizadas y fortunas que no cuadran con sus declaraciones patrimoniales. Algunos están presos, otros prófugos, otros cómodamente amparados. Pero en el discurso opositor, esos casos son “del pasado”, como si el dinero robado tuviera fecha de caducidad.
LA HIPOCRESÍA alcanza su clímax cuando ciertos empresarios investigados por huachicol fiscal, contrabando o evasión, se presentan como víctimas del “autoritarismo”. Los mismos que durante años hicieron negocios al amparo del poder hoy claman por seguridad jurídica, mientras litigan para no pagar impuestos o enfrentar cargos. Curiosamente, son los favoritos de la oposición cuando se habla de “Estado de Derecho”.
EL PROBLEMA no es que se exija justicia para unos. El problema es que se exija solo para unos. La oposición no quiere que la ley se aplique parejo; quiere que se aplique con dedicatoria. Quiere fiscales implacables con el adversario y ciegos con el aliado. Eso no es justicia, es conveniencia política con toga.
EL VENENO de opositores no está en señalar los errores del poder, sino en fingir que los propios nunca existieron. Porque mientras la oposición levanta el dedo acusador, detrás de ella se amontonan expedientes de delincuencia organizada, corrupción y saqueo que siguen esperando turno. Y por más que intenten esconderlos, esos pendientes también hablan… y muerden.
