- El auge inmobiliario y la obra pública en Quintana Roo enfrentan un ‘lado oscuro’, como es la proliferación de basureros ilegales en selvas y áreas verdes.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El auge inmobiliario y la obra pública en Quintana Roo enfrentan un “lado oscuro”, como es la proliferación de basureros ilegales en selvas y áreas verdes.
Ante esta problemática, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco han blindado la vigilancia para sancionar a choferes de volquetes y de autos particulares que depositan residuos de construcción en sitios prohibidos.
Alonso Fernández Lemmen Meyer, titular de la PPA, fue enfático al señalar que el escombro en predios irregulares provoca daños irreversibles al suelo, contamina los cuerpos de agua y pone en riesgo a la fauna local.
Las autoridades recordaron que el crecimiento urbano no justifica el desorden ambiental y que actualmente existen 50 carpetas administrativas abiertas en todo el estado por estas faltas.
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Quienes sean sorprendidos transportando o tirando desechos ilegalmente enfrentan multas de hasta 4 mil 900 pesos; arresto administrativo por un periodo de 36 horas, así como clausura de predios utilizados como vertederos y aseguramiento de unidades, incluyendo camiones de volteo y camionetas.
La presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, vinculó este problema directamente con la seguridad civil a través del programa “Ciudad Limpia, Ciudad Segura”.
Subrayó que la disposición incorrecta de residuos tiene un impacto inmediato en la infraestructura urbana.
“El escombro acumulado en camellones y banquetas termina en el drenaje pluvial, esta es la causa directa de las inundaciones y encharcamientos graves que sufrimos durante las lluvias”, advirtió la alcaldesa.
Para evitar las severas consecuencias legales, la PPA exhortó a las constructoras y sindicatos de transportistas a verificar con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) los sitios de disposición final autorizados.
El combate a estos “puntos negros” de contaminación depende ahora de una doble estrategia: la denuncia ciudadana activa y el compromiso de las empresas para que el desarrollo del estado no se logre a costa de la degradación de la selva quintanarroense.
