Llega a Cámara de Diputados la iniciativa del Ejecutivo sobre vivienda

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  • Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados de México una iniciativa para cambiar el concepto de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para armonizar las modificaciones constitucionales de 2024 que sustituyó el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”.

La propuesta plantea modificaciones a la Ley de Vivienda para establecer las características con las que debe contar la vivienda adecuada, entre ellas accesibilidad para grupos desfavorecidos y marginados, adecuación cultural, es decir, que su construcción y materiales “permita el respeto a las expresiones de la identidad cultural de las personas” y asequibilidad, con el objetivo de que su costo no comprometa la obtención de otras necesidades básicas.

Además, agrega, se debe garantizar la disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, la habitabilidad, la seguridad en la tenencia y que su ubicación sea cercana a oportunidades de empleo.

Señala que la Política Nacional de Vivienda deberá incorporar a organismos e instituciones que otorguen créditos, financien o construyan vivienda.

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Agrega que para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada, dichos organismos e instituciones podrán, previa autorización de sus órganos de Gobierno y acorde a sus programas, podrán adquirir, rehabilitar y construir vivienda, realizar demoliciones y financiar la autoproducción de vivienda.

Podrán también, agregan, adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas.

La iniciativa propone que también puedan transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad.

“Es menester subrayar que esta reforma no otorga nuevas atribuciones ni modifica la naturaleza jurídica de los organismos; únicamente visibiliza obligaciones ya existentes y armoniza la Ley de Vivienda con el texto constitucional, reforzando el enfoque de derechos humanos en la política pública”, indica.

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