- Estados Unidos aportará a México una solución tecnológica para reducir al mínimo los traslados de reos de alta peligrosidad en la frontera.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Estados Unidos aportará a México una solución tecnológica para reducir al mínimo los traslados de reos de alta peligrosidad en la frontera.
El Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado (INL, por sus siglas en inglés) busca evitar el transporte de acusados entre las prisiones y los juzgados del lado mexicano donde se realizan sus procesos.
“Los tribunales en los estados fronterizos enfrentan persistentes retos operacionales y de seguridad cuando procesan a miembros de organizaciones criminales trasnacionales. La práctica actual de trasladarlos a los juzgados para audiencias en persona crea riesgos elevados de violencia, fugas, intimidación al personal judicial y disrupciones a los procedimientos”, explicó el INL, en una solicitud de ofertas publicada el pasado 24 de febrero.
“El problema deriva del acceso limitado a tecnología de telepresencia segura y aprobada por los tribunales, infraestructura digital dispareja, y marcos regulatorios que no se han adaptado a la evolución de las amenazas a la seguridad. Enfrentar este problema es crítico para asegurar el procesamiento oportuno de casos de alto impacto”, agrega el documento.
El proyecto implica instalar sistemas avanzados de telepresencia y comunicaciones digitales en las Cortes “federales o estatales” de 5 estados “principalmente en la frontera”, así como en las prisiones en las que se encuentran los reos, sin que el documento aclare todavía los estados o tribunales involucrados.
Debido a que todos los casos por delincuencia organizada son federales, es poco probable que el proyecto esté dirigido a los juzgados locales de los estados que sean seleccionados.
TIENE PJF SISTEMA
Las audiencias remotas son cada vez más usadas en procesos contra miembros de la delincuencia organizada recluidos en prisiones de alta seguridad; en muchos casos, lejos del juzgado que lleva su caso, precisamente para evitar los traslados.
Desde hace años, el Poder Judicial Federal (PJF) celebra audiencias remotas.
El 27 de febrero, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) adjudicó un contrato de 10 millones de pesos a la empresa 7 Seas Latin América, para el servicio de enlace satelital que abarca 16 prisiones federales, juzgados, y de ser necesario, los hogares de personas sujetas a prisión domiciliaria o funcionarios que deban participar en las audiencias.
La lista de 16 prisiones, sin embargo, no incluye la de Matamoros, único centro de reclusión federal en la frontera. Las cárceles de Hermosillo y Ramos Arizpe, en estados fronterizos pero no en el límite con Estados Unidos, sí están en la lista. En la frontera también hay múltiples cárceles estatales y municipales.
Entre 2021 y 2025, el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF) declaró desiertas varias licitaciones para renovar los kits de videoconferencia, así como para fortalecer la infraestructura necesaria para esta práctica.
En meses recientes, la FGR ha insistido en cerrar al público las audiencias remotas, sobre todo en delincuencia organizada. El proyecto del INL, en cambio, enfatiza la necesidad de que la solución tecnológica “incremente la participación del público” y “clarifique la visibilidad durante los juicios”.
