Llaman a declarar emergencia por granjas porcícolas 

Fecha:

  • Existen más de 500 granjas porcícolas en las inmediaciones de tierras y territorios indígenas de Yucatán, en su mayoría sin autorizaciones ambientales ni procesos de consulta previa.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones de la sociedad civil urgieron al gobierno de México a emitir una declaratoria de emergencia ante la crisis ambiental que padece la Península de Yucatán.

El llamado se da luego de un reporte del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, en el cual se reconocen daños ambientales por las granjas porcícolas.

El Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán y la Fundación para el Debido Proceso advirtieron sobre los daños provocados al ecosistema.

La visita a la Península de Yucatán del relator especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, responde a la gravedad de la crisis socioambiental que atraviesa la región, coincidieron las agrupaciones.

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Esa situación, dijeron, ha sido denunciada de manera persistente por comunidades, organizaciones y otros colectivos.

“Que un relator de Naciones Unidas haya centrado su atención en esta región confirma lo que los pueblos han denunciado durante años.

“La Península de Yucatán se ha convertido en un foco crítico de degradación ambiental, despojo territorial y afectaciones a la salud, sostenido bajo una narrativa de desarrollo que ha ignorado sus costos sociales, ambientales y humanos.

“Esta situación quedó claramente evidenciada durante la declaración de cierre del relator el pasado viernes 20 de marzo.

El relator advirtió sobre los daños ambientales y las violaciones a los derechos del pueblo maya, al señalar con preocupación que actualmente existen más de 500 granjas porcícolas en las inmediaciones de tierras y territorios indígenas.

“La mayoría sin autorizaciones ambientales ni procesos de consulta previa”, señalaron las agrupaciones.

Las granjas tienen capacidad de hasta 50 mil cerdos y se han establecido en comunidades de aproximadamente mil 500 habitantes, generando impactos desproporcionados y sistemáticos.

En esa línea el relator de la ONU, Marcos Orellana, destacó que estas operaciones producen grandes cantidades de excretas y aguas residuales contaminadas con hormonas y antibióticos.

La infiltración, dijo, resulta particularmente grave debido al suelo kárstico y la alta interconexión de los mantos acuíferos en la región.

Entre las observaciones formuladas se encuentra la descarga continua de desechos en cuerpos de agua, sobre todo dentro del Anillo de Cenotes (sitio Ramsar), lo que vulnera los derechos al agua, salud y medio ambiente sano.

Además, las granjas generan emisiones significativas de metano, un contaminante climático de vida corta mucho más potente que el dióxido de carbono.

Las soluciones promovidas, como los biodigestores, no resuelven el problema estructural, sino que generan efectos nocivos al aparentar control mientras la contaminación persiste y se agrava.

Incluso, persiste una falta de transparencia, así como procesos de deforestación y criminalización de personas defensoras del territorio.

“A nivel comunitario, los impactos son cotidianos y acumulativos: olores fétidos permanentes, plagas de moscas, ruido constante y contaminación del agua y del aire, condiciones que las comunidades han soportado durante años.

“En materia de salud, el relator documentó una situación alarmante, como es el agua de pozos tradicionales ya no es apta para consumo humano, obligando a las comunidades a recurrir a la compra de agua embotellada.

“Sin embargo, existen evidencias de que incluso el agua embotellada contiene residuos de plaguicidas como el glifosato”, indicaron las agrupaciones.

Ante el reconocimiento internacional de la crisis ambiental, las agrupaciones exigieron emitir de manera inmediata la Declaratoria de Emergencia Socioambiental en la Península de Yucatán.

Igualmente, establecer una Mesa de Emergencia Socioambiental Peninsular con la participación directa de los pueblos mayas, organizaciones civiles y academia.

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