- El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal que endurecen severamente las penas contra quienes atenten contra la vida animal y el patrimonio natural.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal que endurecen severamente las penas contra quienes atenten contra la vida animal y el patrimonio natural.
Esto, en un movimiento legislativo que pretende terminar con la percepción de que las multas ambientales son simples “costos de operación”.
La iniciativa tomó como estandarte el caso del crematorio Xibalbá, donde el hallazgo de más de 130 mascotas enterradas en condiciones deplorables evidenció lagunas legales en la entidad.
Con la modificación al artículo 179, las sanciones máximas escalan de cinco a nueve años de prisión, además de imponer multas de hasta setecientos veinte días.
El ajuste, impulsado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde, busca que el castigo sea verdaderamente proporcional al daño infligido a los ecosistemas, el agua, el suelo y la biodiversidad del estado.
La diputada Alexa Munguía Trujillo, una de las promotoras de la iniciativa, explicó que la normativa anterior permitía que algunos actores económicos prefirieran pagar sanciones bajas en lugar de invertir en procesos sostenibles.
Al elevar el rango de castigo, se busca eliminar el incentivo de maximizar utilidades a costa de la destrucción ambiental.
“El medio ambiente es el corazón de nuestra economía y nuestras familias, el desarrollo del estado debe ser respetuoso con nuestra herencia natural”, afirmó la legisladora durante la sesión ordinaria.
La reforma no solo protege el entorno ecológico, sino que refuerza la defensa de la vida animal.
“Nunca más un caso como Xibalbá en Quintana Roo, no podemos permitir la impunidad frente al maltrato animal”, sentenció Munguía Trujillo, subrayando que la nueva ley garantiza consecuencias severas para quienes vulneren el trato digno a los animales.
Con esta aprobación, el Congreso estatal envía un mensaje directo respecto a que el patrimonio natural de Quintana Roo ya no está sujeto a cálculos de rentabilidad por parte de infractores, advirtió la diputada.
