- El sector náutico de Quintana Roo llevará ante la Cámara de Diputados su solicitud para revertir el aumento en el cobro de derechos por acceso a Áreas Naturales Protegidas, al considerar que ha afectado la competitividad del turismo en la región.
OMAR ROMERO
CANCÚN,Q. ROO.- El sector náutico de Quintana Roo llevará ante la Cámara de Diputados su solicitud para revertir el aumento en el cobro de derechos por acceso a Áreas Naturales Protegidas, al considerar que ha afectado la competitividad del turismo en la región.
Ricardo Muleiro López, director de la Asociación Náutica de Quintana Roo, informó que el planteamiento será expuesto el próximo siete de abril ante las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La solicitud busca restituir el esquema previo de cobro establecido en el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, luego de que en 2025 se aplicara un incremento del 100 por ciento en estos conceptos.
“Fue un aumento sin precedentes, desproporcionado, que ha generado una afectación importante al sector turístico formal”.
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Explicó que este ajuste impacta principalmente a los prestadores de servicios que operan en áreas naturales protegidas, particularmente en destinos como Quintana Roo, donde existe una alta concentración de zonas marinas bajo protección.
De acuerdo con el representante empresarial, el incremento no solo afecta la operación de las empresas, sino también a las economías locales.
“Complica la operación de los prestadores formales, impacta a las comunidades y puede generar condiciones que favorezcan la informalidad”.
El tema fue planteado desde febrero pasado, cuando integrantes del sector participaron en un grupo de trabajo enfocado en el régimen fiscal de la frontera sur, encabezado por legisladores federales.
Posteriormente, en marzo, se confirmó la posibilidad de presentar formalmente la propuesta ante las comisiones legislativas, donde se buscará abrir el análisis del esquema actual.
Asimismo, el sector señaló que, aunque existen disposiciones legales que contemplan descuentos en estos derechos, en la práctica no son funcionales.
“No hay mecanismos ágiles para aplicarlos, lo que dificulta la operación diaria, ya que los prestadores deben cubrir estos pagos incluso antes de la llegada de los visitantes”.
Muleiro López subrayó que la postura del sector no está en contra de la conservación ambiental, sino que busca un equilibrio entre protección y desarrollo económico.
