- Tratan de priorizar la protección del medio ambiente en el Área Natural Protegida ‘Felipe Carrillo Puerto’ de Quintana Roo.
RODOLFO MONTES
CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de los litigios legales interpuestos por la empresa Vulcan Materials, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que continúa la búsqueda de un acuerdo que priorice la protección del medio ambiente en el Área Natural Protegida (ANP) ‘Felipe Carrillo Puerto’ de Quintana Roo.
La titular del Ejecutivo informó que existe una mesa de trabajo entre la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), el gobierno de Quintana Roo y representantes de Vulcan.
El objetivo es analizar si otras zonas mineras cercanas podrían ser explotadas sin comprometer el ecosistema local.
Aunque Sheinbaum evitó profundizar en los detalles de la negociación, reiteró que la prioridad es ofrecer alternativas viables a la empresa sin dar marcha atrás a la protección del patrimonio natural del Caribe mexicano.
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Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la medida implementada por el Estado mexicano que frenó las operaciones de la compañía no constituye una expropiación, sino una declaratoria de protección ambiental ante la sobreexplotación de los recursos naturales en la región.
Sheinbaum Pardo minimizó el impacto de una posible reforma legal en el Congreso de Estados Unidos, que busca castigar expropiaciones a empresas estadounidenses, al señalar que la eventual ley no sería aplicable en este caso.
“No hubo ninguna expropiación y, por tanto, no sería aplicable”, sentenció.
En la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el choque con la filial de Vulcan, Calica (transformada después en Sac-Tun), se convirtió en un emblema de defensa de la política ambiental.
Calica operaba en Quintana Roo desde 1986, bajo concesiones otorgadas en gobiernos anteriores.
La empresa se dedicaba a la extracción de piedra caliza, la cual trituraba y exportaba a Estados Unidos para la construcción de carreteras.
Sin embargo, el método de extracción (que implicaba el uso de explosivos y excavaciones por debajo del manto freático) causó daños irreversibles, destruyendo cauces, cenotes y ríos subterráneos.
Igualmente; generó pérdida de biodiversidad de la selva tropical y contaminó mantos freáticos en una de las zonas turísticas más importantes del mundo.
En 2022, tras una serie de inspecciones aéreas se constató un desastre ecológico, y el gobierno clausuró las instalaciones de Vulcan Materials.
La empresa respondió escalando una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para exigir una indemnización superior a mil 500 millones de dólares.
Se alegó que el gobierno mexicano, de una forma arbitraria, les impedía operar.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de venta, del cual el gobierno federal ofreció cerca de 2 mil millones de dólares por el terreno, la oferta fue rechazada por la empresa.
López Obrador firmó un decreto que convirtió las 53 mil hectáreas en el Área Natural Protegida ‘Felipe Carrillo Puerto’, en septiembre de 2024.
Se detuvo de tajo la actividad minera, no mediante una expropiación (que implicaría pagar el valor comercial de la empresa), sino mediante una restricción de uso de suelo por causas de utilidad pública ambiental.
El caso ha escalado a nivel diplomático, que involucra a senadores estadounidenses, demócratas y republicanos, que han acusado al gobierno mexicano de “confiscar” propiedad privada, lo que motivó la propuesta de reforma en el Congreso del país vecino.
La legislación busca imponer sanciones comerciales a países que tomen activos de empresas estadounidenses sin compensación.
