- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo presentó ante la XVIII Legislatura un balance de gestión que revela una baja eficacia procesal.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Quintana Roo presentó ante la XVIII Legislatura un balance de gestión que revela una baja eficacia procesal.
Además, registra una mínima recuperación de recursos frente al presupuesto ejercido por la institución.
En el marco de su primer informe de labores (septiembre 2024-diciembre 2025), el fiscal especial Edgar Ramírez Morales detalló que la FECC opera con un presupuesto anual de 52 millones de pesos.
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No obstante, los resultados operativos muestran un bajo índice de judicialización y sanción, pues de las 407 carpetas de investigación trabajadas, 80 por ciento (328 casos) fueron declaradas improcedentes mediante el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP).
El resto de los expedientes se dividió en 37 criterios de oportunidad, 26 desechados por falta de competencia y solo una sentencia emitida por un juez, la cual resultó favorable para la persona imputada.
Hasta el momento, la Fiscalía Especial no reporta personas detenidas ni sancionadas por delitos contra el patrimonio público estatal o municipal bajo su gestión actual.
En materia de reparación del daño, el organismo informó la recuperación de cinco millones de pesos destinados al erario estatal.
Esta cifra representa menos de 10 por ciento del presupuesto anual de 52 millones de pesos que ejerce la Fiscalía Especial para sus funciones.
A pesar de haber recibido 331 nuevas denuncias y ejecutado 278 órdenes de investigación a través de la Policía de Investigación, la labor institucional se ha centrado primordialmente en el desahogo de rezagos administrativos sin que esto se traduzca, hasta ahora, en condenas o detenciones vigentes.
Por otra parte, Ramírez Morales confirmó que actualmente carece de expedientes judiciales locales vigentes en contra del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Durante su comparecencia ante el Poder Legislativo informó, sin dar muchos detalles, que el Estado perdió la competencia para ejercer acciones penales directas contra el ex mandatario.
Esta situación se atribuye a factores como la entrega de carpetas de investigación ya prescritas por parte de la administración anterior, litigios detenidos en tribunales federales desde 2022 y expedientes cuya persecución corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR).
Ante la prescripción de los delitos, se notificó a la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) para investigar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos que permitieron el vencimiento de los plazos legales.
El fiscal especial precisó que solo si se resuelven a favor los recursos federales pendientes se evaluará si existe alguna vía legal para retomar los procesos contra el ex mandatario en el fuero común
Las acusaciones contra Borge Angulo incluían un presunto quebranto al erario por más de 17 mil millones de pesos.
