- El gobierno de Quintana Roo trabaja en modificaciones legislativas que buscan transformar la forma en que se ejerce la profesión inmobiliaria en el estado.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno de Quintana Roo trabaja en modificaciones legislativas que buscan transformar la forma en que se ejerce la profesión inmobiliaria en el estado.
La iniciativa apunta a que la ley reconozca formalmente el esfuerzo de los asesores matriculados y, al mismo tiempo, restringir ciertas operaciones a quienes no cuentan con el registro oficial ante la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable.
José Alberto Alonso Ovando, titular de esta secretaría, explicó que el objetivo de estas reformas es otorgar mayores derechos y exclusividades a los profesionales que cumplen con los requisitos de matriculación.
Entre ellos la actualización continua en materias como catastro, urbanismo, medio ambiente y legislación notarial.
“Matricularse quiere decir que llevas una educación profesional continua, que te estás actualizando de todo lo que sucede alrededor del sector inmobiliario, modificaciones que hay en las leyes de catastro, en las leyes urbanas, leyes ambientales, leyes notariales”.
Por ello, insistió que quienes se dedican a esta labor deben estar inmersos en estos cambios que pretenden reconocer el esfuerzo que implica el ser un profesional.
El funcionario refirió que Quintana Roo ocupa hoy el primer lugar en el país en número de asesores inmobiliarios matriculados, con dos mil 665 profesionales registrados.
No obstante, reconoció que una parte importante de quienes ejercen esta actividad en el estado aún no ha regularizado su situación, lo que representa tanto un riesgo para los consumidores como un vacío que las reformas legislativas pretenden cerrar.
El andamiaje legal que se construye busca que la matriculación deje de ser una opción y se convierta en una condición real para operar dentro del mercado inmobiliario, dotando al sector de mayor certeza jurídica en un estado donde la actividad es uno de los pilares de la economía.
“La gente que está matriculada con nosotros y que tiene un registro que le permite ejercer la profesión inmobiliaria es muy importante por esa promoción, por esa certeza jurídica para las personas que quieren adquirir y vender un bien.
El proceso de matriculación tiene un costo de cinco mil 800 pesos con vigencia de cuatro años, o de dos mil 400 pesos por dos años, tarifas que las autoridades consideran accesibles frente a los beneficios que la regulación ofrece tanto al profesional como al cliente final.
