- El megaderrame en el Golfo de México, que afectó más de 900 km de costa, abrió un frente penal basado en cambios legales vigentes desde 2016.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El megaderrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México, que se extendió por más de 900 kilómetros de línea de costa en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, abrió un frente penal sustentado en modificaciones a la normativa implementadas desde 2016.
Si el origen del accidente ambiental está en infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) se podría configurar un delito y se deberían establecer responsabilidades para funcionarios públicos encargados de las operación, mantenimiento y supervisión en la paraestatal.
“Si se confirma la ruta del ducto (como origen del derrame), la investigación deberá escalar a responsabilidades penales individuales dentro de Pemex: quién operó, quién supervisó y quién no actuó. El derrame ya configura un posible delito y exige responsables”, advirtió un ex superintendente.
La persistencia del derrame, la evidencia técnica acumulada y los reportes operativos colocan el caso en el terreno penal si se confirma una falla en la infraestructura, ya sea por corrosión, falta de mantenimiento o intervención ilegal, dijeron fuentes del sector.
A más de un mes del derrame, el Gobierno federal no ha logrado identificar la fuente del megaderrame.
La hipótesis inicial del “buque fantasma” se diluyó y no se ha acreditado una descarga desde una embarcación ni una emanación natural concluyente, por lo que el caso se mantiene entre dos líneas: huachicol en altamar con operación de embarcaciones “oscuras” (dark vessels) y una posible fuga en ductos en la zona petrolera del Golfo.
La evidencia técnica y de campo apunta a un problema en la infraestructura: trabajadores de plataformas refieren la presencia de embarcaciones de inspección y reparación sobre la traza de ductos en Cantarell, manchas detectadas desde febrero y reportes sobre falta de mantenimiento en ductos submarinos.
Todo esto fue alertado en una región donde convergen plataformas, oleoductos y tráfico marítimo intensivo.
El 14 de febrero se documentaron al menos dos derrames simultáneos en la Sonda de Campeche: uno de 43 kilómetros cuadrados vinculado a infraestructura marina y otro con una estela de 53 kilómetros de longitud asociado a una embarcación sin identificación, ambos en la misma región petrolera, lo que rompe la hipótesis de un sólo origen y abre la posibilidad de fuentes múltiples de contaminación en paralelo.
La dimensión del accidente también quedó reflejada en las labores de limpieza, pues la recolección de residuos pasó de 91 toneladas, el 16 de marzo, a casi 900 toneladas reportadas el 4 de abril, un incremento de 889 por ciento en dos semanas, lo que evidencia que el volumen de hidrocarburo liberado fue mayor al estimado inicialmente.
El Código Penal Federal prevé en su artículo 416 penas de uno a nueve años de prisión al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre contaminantes, disposición que aplica directamente a la liberación de hidrocarburos en el mar.
El mismo ordenamiento establece penas en su artículo 414 penas a quien ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades con materiales o residuos peligrosos que ocasionen daños, lo que introduce el elemento de negligencia en la operación de instalaciones industriales.
