- Son 300 trabajadores de Banobras, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y los extintos Banrural y Luz y Fuerza del Centro.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de jubilados de distintas entidades del gobierno federal presentó un amparo contra la reforma constitucional que establece como límite a las pensiones de la burocracia la mitad del salario de la presidenta de la República.
El abogado Rodolfo Martínez informó que se trata de 300 trabajadores del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y los extintos Banco de Desarrollo Rural y Luz y Fuerza del Centro.
“Hacemos un llamado respetuoso, pero muy enérgico, al Órgano de Administración Judicial para que permita a los jueces constitucionales hacer su trabajo, porque esta reforma es regresiva y vulnera los derechos humanos que el Estado mexicano se obliga a respetar en los tratados internacionales que ha firmado”, indicó.
El viernes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 127 constitucional en la que se establece que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados.
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Igualmente, de las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales que no pueden ser mayores a la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.
Las pensiones que actualmente superan ese límite, señala la reforma en un artículo transitorio, deberán ser ajustadas a partir del próximo pago.
El litigante, quien presentó el escrito de demanda acompañado de un grupo de jubilados, sostuvo que, pese a la reforma que hace improcedente el amparo ante reformas constitucionales, los jueces deben admitir la demanda, pues se vulneran garantías fundamentales.
“Estas demandas tienen que ser admitidas por el Poder Judicial de la Federación, porque, si no, están incumpliendo su compromiso de garantizar la tutela efectiva a la justicia de personas de edad, de adultos mayores vulnerables.
“Que durante décadas dieron su vida para tener un país próspero, para tener un país mejor, y que ahora el Estado mexicano les quiere quitar sus recursos”, aseveró.
Benigno Guzmán, trabajador jubilado de Pemex, aseguró que la reducción del monto de las jubilaciones es una injusticia que afecta los derechos adquiridos durante décadas de trabajo.
“En mi caso, laboré 35 años, me dediqué al cien por ciento a la empresa, y, al final de cuentas, bueno, pues, me retiré. Tengo once años de jubilado, con una pensión que para nada es dorada, pero es decorosa. Me permite vivir dentro de la honrosa medianía que me brindó todo el esfuerzo que desarrollé durante años de servicio”, afirmó.
