Rodolfo El Negro Montes
La crisis de desapariciones en México es uno de los temas más sensibles de la agenda pública.
En la actualidad, el diálogo entre los colectivos, el gobierno de Claudia Sheinbaum y los organismos internacionales atraviesa un momento de tensión y redefinición.
Tanto es así que en México existen más de 110 colectivos que agrupan a familiares de personas desaparecidas.
Estos grupos surgieron ante la falta de respuesta institucional y la inacción de las fiscalías estatales, asumiendo ellas mismas las labores de rastreo en campo.
Sin duda el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora es uno de los más visibles. Han localizado cientos de cuerpos en fosas clandestinas.
O el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que es una red que agrupa a más de 80 colectivos de México y Centroamérica.
También están activas las Rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, que fundó Mirna Nereyda Medina, pioneras en el uso de herramientas de búsqueda física, así como el Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, liderado por María Herrera Magdaleno, reconocida internacionalmente por su labor de incidencia.
La postura general es de escepticismo y crítica.
Si bien reconocen que hay una “nueva estrategia” y protocolos impulsados por la administración de Sheinbaum, señalan fallas críticas, además de que denuncian que, a pesar de los discursos, son ellas quienes siguen saliendo con palas y picos a los cerros, a menudo sin protección policial.
Existe un fuerte rechazo a la “depuración” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Los colectivos acusan que se intenta reducir la cifra oficial mediante visitas domiciliarias que no siempre son precisas.
¿Son suficientes las acciones?
Para las madres buscadoras, no lo son.
Argumentan que mientras no haya una fiscalía que investigue y sentencie a los culpables, la “atención integral” es sólo asistencialismo.
Recientemente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un informe lapidario que sugiere que en México las desapariciones siguen siendo “sistemáticas” y que el Estado está rebasado o es cómplice.
Sheinbaum argumenta que el informe tiene “motivaciones políticas” y que no reconoce los esfuerzos actuales de la “Cuarta Transformación”. Sostiene que el estudio extrapola datos de años anteriores (como el periodo 2009-2017) a la realidad actual.
Ha aclarado que sus diferencias son con el Comité (CED), pero que la relación con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros organismos sigue siendo de colaboración, por lo que está en puerta una reunión en la que se habrá de detallar las acciones de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública.
También habrá de mostrar cómo funciona el nuevo censo y el plan de exhumaciones, para demostrar que el Estado mexicano no está rebasado y que se trabaja bajo una lógica de justicia y verdad, no de impunidad.
Y tendrá que poner sobre la mesa su más reciente estrategia: que las personas presas en el Sistema Penitenciario se conviertan en informantes del Estado Mexicano y puedan aportar datos precisos sobre la ubicación de cementerios clandestinos en territorio mexicano.
Algunos creen que el Gobierno debe de ir a todas, que es válida esa estrategia, pero olvidan que en su momento se opusieron tajantemente a la campaña de “abrazos y no balazos” de Obrador. Así es que congruencia en sus opiniones y posturas, no la hay.
Lo ideal es que Volker Türk también se siente con los colectivos y no quedarse sólo con el canto de las sirenas.
