Temen crisis de salud con universalización

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  • El nuevo Servicio Universal de Salud impulsado por el Gobierno federal provocará el colapso del IMSS y el ISSSTE.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo Servicio Universal de Salud impulsado por el Gobierno federal provocará el colapso del IMSS y el ISSSTE al carecer de una reforma legal de fondo y de un presupuesto adicional de al menos un billón de pesos, advirtió el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba.

El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados condenó el decreto publicado este viernes por el Ejecutivo, el cual calificó como un modelo improvisado, sin claridad operativa.

“Se trata de un modelo sin suficiencia presupuestal, sin claridad operativa y sin base legal para fusionar de facto a las instituciones públicas”, denunció en un comunicado.

Señaló que el proyecto es una “burla” similar a la Megafarmacia planificada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya que no aparece en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Programa Sectorial de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

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El legislador y médico de carrera explicó que un decreto presidencial no puede estar por encima de las leyes vigentes del IMSS, ISSSTE y Pemex, las cuales reservan la atención médica a sus poblaciones aseguradas.

“En consecuencia, un decreto presidencial, por sí solo, no puede ampliar el universo de personas con derecho a recibir atención en sus hospitales ni modificar el régimen de financiamiento de esas instituciones, pues se trata de materias reservadas a la ley y, por tanto, a la competencia del Congreso”, aclaró.

Ramírez Barba aseguró que este modelo la presión sobre el sistema sería insostenible, pues el IMSS y el ISSSTE, que ya atienden a 62 millones de personas, tendrían que absorber a casi 48 millones de ciudadanos sin afiliación.

Actualmente, agregó, México invierte apenas el 2.6 por ciento del PIB en salud, por lo que para un sistema universal real se requeriría duplicar el presupuesto actual de 900 mil millones a más de 2 billones de pesos.

“El mayor riesgo es que las instituciones con mejor infraestructura, especialmente el IMSS, terminen absorbiendo la demanda de un sistema que hoy ni siquiera puede responder con suficiencia a su propia población derechohabiente”, sostuvo.

En su opinión, el Gobierno busca imponer una “dictadura sanitaria” que utiliza la narrativa de la universalidad como una farsa, pues se promete atención integral sin modificar el régimen de financiamiento ni ampliar la infraestructura.

“La salud, la seguridad social y la estructura legal del IMSS, ISSSTE y Pemex no pueden reformarse por ocurrencias presidenciales ni por una simple narrativa política con fines claramente electorales”, puntualizó.

“La universalidad prometida se vuelve entonces una farsa: todos tendrán credencial y se les prometerán servicios de salud, pero no todos recibirán atención oportuna, integral y de calidad”.

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