- La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que el sector agropecuario concentra los principales conflictos regulatorios con México rumbo a la revisión del T-MEC.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Con las restricciones federales al maíz transgénico impugnadas por Estados Unidos y el retraso masivo en los registros de pesticidas, entre otras barreras importantes, el sector agropecuario es una de las áreas con más conflictos regulatorios a solucionar con México al revisar el T-MEC en julio, superando incluso al sector energético, apuntó la USTR.
El sector agropecuario tiene al menos nueve obstáculos para la relación bilateral, entre los cuales también se encuentran supuestos intentos de restringir a EU el acceso al mercado de la papa, de acuerdo con el Informe Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior 2026 de la agencia estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) refirió como dificultades clave los límites legales a la propiedad extranjera en el campo, el trabajo agrícola forzado para producir tomate y café, y en la pesca, así como la producción de aguacate ilegales.
Respecto al maíz genéticamente modificado recordó que, con base en el T-MEC, México no puede impedir la importación de transgénicos estadounidenses, como intentó hacerlo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2023, mediante un decreto que quedó sin efectos tras su impugnación.
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Advirtió que supervisará el acceso al mercado de estos productos y que la Cofepris está obligada a emitir una decisión sobre las solicitudes de autorización para la importación de productos genéticamente modificados en un máximo de seis meses a partir de su recepción, por lo que incumplir el plazo constituye una barrera comercial.
Señaló que la Cofepris no está renovando los registros de algunos productos químicos agrícolas, por lo que decenas de empresas de EU ya no pueden exportarlos, a pesar de que en 2025 México prometió simplificar el proceso.
Sobre la exportación de papa, acusó -sin detallar cómo- que la industria mexicana ha tratado de impedir a EU entrar al mercado desde 2022, cuando la Corte resolvió que la Unión Americana podía enviar este producto más allá de una zona fronteriza de 26 kilómetros.
En cuanto al trabajo forzado, la USTR reportó que en octubre de 2021 tuvo que prohibir la importación de tomates de una empresa en México por sospechas de ese tipo de prácticas, medida similar aplicada a una productora de café en enero de 2026.
El trabajo forzado, denunció, le da al País una ventaja injusta en costos de producción, barrera parecida a la detectada en la producción de aguacate en tierras michoacanas deforestadas ilegalmente.
Señala como restricción a la inversión que la propiedad extranjera está limitada al 49 por ciento para fines agrícolas.
