- Desde el Congreso del Estado se alista una nueva iniciativa de ley para regular los nombramientos, facultades y remuneraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Desde el Congreso del Estado se alista una nueva iniciativa de ley para regular los nombramientos, facultades y remuneraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPCQ) del Sistema Estatal Anticorrupción.
La propuesta busca alinear al organismo bajo criterios de austeridad y transparencia antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
Santiago Frías Canché, presidente de la Comisión de Órganos Autónomos, confirmó que el proyecto legislativo se encuentra en fase de análisis y revisión.
La intención es ajustar los ingresos de los integrantes del Comité, los cuales calificó como “excesivos” en comparación con el promedio salarial de la ciudadanía.
El proyecto de reforma que se prepara se suma a una ya existente, en donde se contempla cambios estructurales en la forma en que los comisionados perciben sus ingresos y rinden cuentas.
Se propone eliminar prestaciones adicionales y aguinaldos, limitando el ingreso únicamente a un sueldo base equivalente al de un secretario de gabinete.
Los integrantes estarían obligados a entregar reportes individuales de actividades mensuales para su publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Y la posibilidad de mecanismos para la remoción de integrantes por incumplimiento de labores, la obligatoriedad de sesionar mensualmente y el establecimiento de oficinas físicas en Chetumal, para atención directa al público.
Además del aspecto económico, la propuesta legislativa pretende endurecer los criterios de selección.
Esto último responde a señalamientos, incluso de exintegrantes como Raúl Cázares Urbán, sobre la llegada de perfiles sin trayectoria en el activismo civil o en fiscalización, lo que ha debilitado la eficacia del combate a la corrupción en la entidad.
Frías Canché subrayó que estas medidas no representan un ataque a la institución, sino una búsqueda de “congruencia e integridad” en el uso de los recursos públicos.
Se espera que la iniciativa sea presentada formalmente antes de finalizar el primer semestre de 2026, previo al receso legislativo.
