- Unas 46 empleadas por honorarios de la Secretaría de las Mujeres denunciaron ayer que el Gobierno estatal suma seis meses con irregularidades en el pago de sus salarios.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- Unas 46 empleadas por honorarios de la Secretaría de las Mujeres denunciaron ayer que el Gobierno estatal suma seis meses con irregularidades en el pago de sus salarios, sin una justificación aparente.
Las personas afectadas -en su mayoría mujeres- señalaron que los primeros cuatro meses tuvieron pagos desfasados, y en los últimos dos ya no les cubrieron sus honorarios.
Entrevistadas bajo el anonimato por temor a represalias, las trabajadoras, que se desempeñan como trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas, aseguraron que la falta de pago las mantiene con serios problemas de liquidez.
Todas están adscritas a la Dirección de Atención Integral, de la Subsecretaría de Atención Integral y Corresponsabilidad Social, de la Secretaría de las Mujeres.
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“Desde hace aproximadamente cuatro meses nuestros salarios se encuentran desfasados”, contó una de las afectadas.
“Se implementaron medidas como modalidad de home office y apoyo de transporte para compensar los retrasos, sin embargo, estos apoyos fueron retirados con el tiempo, mientras que los retrasos en los pagos continuaron. Tenemos dos meses (marzo y abril) sin recibir pago”.
Cuestionaron no haber recibido respuesta al reclamo hecho a la Secretaría, que encabeza Graciela Buchanan.
“No contamos con información clara sobre qué está ocurriendo con el recurso asignado por el Estado”, reclamó otra afectada, “al solicitar explicaciones las respuestas han sido ambiguas o inexistentes”.
Las empleadas desempeñan sus actividades en los centros comunitarios estatales y reciben percepciones mensuales que rondan los 25 mil pesos.
“A pesar de ello, se nos sigue exigiendo cumplir con nuestras funciones y presentarnos a trabajar, algunas compañeras han expresado dificultades económicas derivadas de la falta de pago, no se han ofrecido soluciones, e incluso se ha puesto en duda su continuidad laboral”.
Las quejosas urgieron al Estado a cumplir con el pago por el trabajo realizado alegando que ya les pegó en la estabilidad económica y emocional.
“Nos preocupa profundamente que esta situación ocurra dentro de una institución pública cuya función es velar por los derechos de las mujeres, como trabajadoras estamos siendo afectadas en nuestra estabilidad económica y emocional”, reclamó otra afectada.
“Solicitamos la pronta intervención de las autoridades correspondientes, la regularización de nuestros pagos y condiciones laborales dignas”.
