- La Federación perfila el cobro de 6 mil 706 pesos por cada evaluación de control de confianza aplicada a policías y personal de seguridad, requisito obligatorio para su ingreso, permanencia y certificación en las corporaciones del país.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación perfila el cobro de 6 mil 706 pesos por cada evaluación de control de confianza aplicada a policías y personal de seguridad, requisito obligatorio para su ingreso, permanencia y certificación en las corporaciones del país.
De acuerdo con la propuesta oficial ─aún en revisión─, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dejará de ser gratuito y aplicará una tarifa fija por cada proceso de evaluación, cuyo pago se cubrirá bajo los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.
La propuesta reconoce que el servicio se prestaba sin costo debido a la ausencia de un esquema tarifario autorizado, lo que impedía jurídicamente exigir un pago. Con la nueva disposición, ese vacío legal se subsana y se formaliza el costo del procedimiento.
La certificación es indispensable para policías federales, estatales y municipales, así como para custodios y personal de instituciones de seguridad pública. El proceso incluye pruebas toxicológicas, psicológicas, poligráficas, médicas y de entorno social para determinar la idoneidad del evaluado.
El cambio trasladará una carga financiera directa a las instituciones que soliciten las pruebas, principalmente a las corporaciones estatales y municipales, que concentran la mayor parte del estado de fuerza nacional.
Además, los recursos obtenidos no permanecerán en el área evaluadora del SNSP, sino que serán transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), conforme al régimen de aprovechamientos de Hacienda.
El ajuste ocurre mientras las corporaciones locales enfrentan rezagos en certificación y rotación de personal, lo que incrementará el gasto operativo para mantener actualizados los expedientes de sus elementos.
Especialistas advierten que, al ser un requisito obligatorio y periódico, se convertirá en un costo recurrente que podría mermar la capacidad de certificación en municipios con limitaciones presupuestales.
Hasta ahora, la aplicación de estas pruebas formaba parte de la política de fortalecimiento institucional sin un costo directo por evaluación. Con la nueva medida, el Estado establece por primera vez un cobro específico por revisar la confiabilidad de sus propios cuerpos de seguridad.
El acuerdo no detalla esquemas de subsidio o diferenciación de tarifas para entidades con menor capacidad financiera, por lo que el pago será uniforme por cada evaluación aplicada.
*Con información de Agencia Reforma
