- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, entre enero y abril de este año, inhabilitaron dos mil 702 líneas telefónicas utilizadas para cometer extorsión en Veracruz.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, entre enero y abril de este año, inhabilitaron dos mil 702 líneas telefónicas utilizadas para cometer extorsión en Veracruz.
Esto, como parte de una estrategia enfocada en desarticular redes delictivas que operan tanto dentro como fuera de la entidad.
De acuerdo con datos oficiales, estas acciones se han realizado en coordinación con instancias de seguridad y empresas de telecomunicaciones, lo que ha permitido identificar números vinculados con llamadas de engaño, amenazas y cobros ilegales.
Las investigaciones señalan que una parte importante de estas llamadas se originaba desde centros penitenciarios o fuera del estado, lo que ha obligado a reforzar los mecanismos de rastreo y bloqueo, así como la colaboración interinstitucional.
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Las autoridades destacaron que este tipo de delito ha evolucionado hacia esquemas más sofisticados, incluyendo modalidades como extorsión telefónica con suplantación de identidad, amenazas simuladas de grupos criminales y fraudes mediante supuestos secuestros virtuales.
La FGE aseguró que, como resultado de estas medidas, el delito de extorsión presenta una tendencia a la baja en lo que va de 2026, aunque reconoció que persiste como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad para la población.
En ese sentido, se reiteró el llamado a la ciudadanía a no responder a números desconocidos, evitar proporcionar información personal y denunciar cualquier intento de extorsión.
Autoridades subrayaron que la participación ciudadana ha sido fundamental para identificar patrones y números utilizados por los delincuentes.
Por ello, insistieron en el uso del número 089 para denuncias anónimas, así como en reportar de inmediato cualquier situación sospechosa.
La extorsión telefónica se ha consolidado en los últimos años como un delito de alto impacto psicológico y económico, que afecta tanto a familias como a pequeños negocios.
Su carácter no presencial facilita su expansión, especialmente en contextos donde existen brechas en el acceso a la información o confianza institucional.
Especialistas advierten que el combate a este fenómeno requiere no sólo acciones tecnológicas y policiales, sino también estrategias de prevención, educación digital y fortalecimiento de la confianza en las autoridades, para reducir la vulnerabilidad de la población.
