- Entre el cierre oficial de la zona arqueológica y sus servicios turísticos y un acceso habilitado por la comunidad a Chichén Itzá.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La situación operativa de Chichén Itzá permanece en incertidumbre luego de que autoridades federales y estatales anunciaran el cierre de la zona arqueológica y sus servicios turísticos.
Lo anterior, mientras habitantes la comunidad Pisté difundieron en redes sociales imágenes y mensajes sobre la continuidad del acceso al sitio por vías controladas por la comunidad.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato Cultur de Yucatán informaron en un comunicado que el Centro de Atención a Visitantes y el antiguo parador turístico de la zona arqueológica de Chichén Itzá permanecerían cerrados al público.
Sin embargo, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté sostuvo que el contexto del cierre está relacionado con un conflicto entre comunidades mayas y el gobierno de Yucatán.
Ello, por el acceso al antiguo parador turístico y a los acuerdos establecidos en mesas de diálogo sobre la participación de la población en este enclave arqueológico.
De acuerdo con el consejo, habitantes de pisté y comunidades cercanas se organizaron para restablecer el tránsito vehicular y peatonal en el acceso al parador turístico, tras denunciar que éste había sido cercado por autoridades estatales.
“El Consejo Indígena de Gobierno de Pisté aclara a la opinión pública que el pueblo maya en pleno ejercicio de su derecho de manifestación y ante el bloqueo ilegal y arbitrario de una vía pública de acceso cometido por la policía en la oscuridad de la noche.
“La ciudadanía se organizó pacíficamente para liberar el tránsito vehicular y peatonal, garantizando la libre circulación que las propias autoridades violaron. Exigimos respeto a nuestras vías de comunicación”, señaló la organización en un comunicado.
Por su parte, el colectivo Comunidades por la Autonomía informó el pasado 18 de mayo que las acciones ocurrieron mientras se desarrollaba una mesa de diálogo entre representantes comunitarios y autoridades del INAH, la Procuraduría Agraria (PA), derechos humanos, gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)y el gobierno estatal.
“Mientras la mesa de diálogo llevaba ya cinco horas continuas entre el INAH, la PA, derechos humanos, gobernación, INPI, gobierno del estado y las comunidades de Pisté y Telchaquillo, se les notificó a los miembros del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté que con la presencia de la policía estatal y la Guardia Nacional, cercaron la entrada del parador turístico de Chichén Itzá por orden del gobierno de Joaquín Díaz Mena”, denunció el consejo.
El Consejo Indígena de Gobierno de Pisté acusó al gobierno estatal de incumplir acuerdos previamente discutidos con la comunidad.
“El gobierno del estado ha cometido un acto de traición contra nuestro pueblo y nuestros acuerdos, mandando a colocar rejas en el parador principal de la zona arqueológica de Chichén Itzá, violando las mesas de diálogo y los acuerdos establecidos con la comunidad”, expresó.
En publicaciones difundidas durante el día en redes sociales se observó circulación de visitantes en accesos vinculados con la comunidad de Pisté. Algunas de esas publicaciones afirmaron que el ingreso al sitio se mantenía habilitado por habitantes y no por disposición institucional.
Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han emitido información adicional sobre las condiciones exactas de operación de la zona arqueológica.
En redes sociales también circularon versiones sobre posibles acciones judiciales derivadas de los hechos ocurridos en los accesos de Chichén Itzá, una de las zonas arqueológicas más visitadas del país.
