- La regularización de autos “chocolate” impulsada por el Gobierno de AMLO se convirtió en la puerta para la importación masiva e irregular de vehículos usados.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La regularización de autos “chocolate” impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en la puerta para la importación masiva e irregular de vehículos usados, provocando competencia desleal, saturación vial, contaminación y un incremento en riesgos de inseguridad en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, advirtieron representantes empresariales.
En entrevista, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, Olivaldo Paz, afirmó que el “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”, vigente de octubre de 2021 a diciembre de 2025, nunca fue una buena decisión.
Aunque originalmente buscaba apoyar a familias de bajos ingresos, terminó incentivando un mercado informal de vehículos, aseguró.
“Fue una situación populista. En Tijuana siguen entrando autos sin importar adecuadamente. Hay zonas donde puedes ver más de mil vehículos en venta y difícilmente uno está importado legalmente”, sostuvo.
El empresario denunció que en distintos puntos de Tijuana se colocan vehículos en calles y avenidas transitadas para comercializarlos sin cumplir con procesos de importación, pago de impuestos o regulación fiscal.
El impacto más severo, dijo, ha recaído sobre los negocios formales dedicados a la importación y venta de autos usados provenientes de Estados Unidos, muchos de los cuales han desaparecido ante la competencia irregular.
“Han desaparecido más de 300 negocios en la frontera en los últimos ocho años”, afirmó.
Actualmente, dijo, sobreviven apenas entre 40 y 50 establecimientos formales de este tipo en Tijuana.
Aseguró que la movilidad es esa ciudad es caótica.
Iván Pérez Ruiz, presidente de la Canaco Ciudad Juárez y de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Fecomex), coincidió en que el decreto terminó desviándose de su objetivo.
“El decreto se torció y se empezó a utilizar de manera indebida como un mecanismo de nacionalización masiva de vehículos”, afirmó.
Explicó que incluso detectaron unidades que fueron internadas al País y regularizadas después de la fecha límite establecida.
“Son vehículos de muy mala calidad, se usan uno o dos años y luego terminan en los yonkes (deshuesadero)”, explicó.
“Eso también genera contaminación y cementerios de autos”.
La Secretaría de Hacienda reportó que mientras estuvo vigente el decreto se recaudó cerca de 7 mil millones de pesos, producto del cobro de 2 mil 500 pesos por cada uno de los 2 millones 987 mil 839 vehículos importados en los más de cuatro años que estuvo vigente.
Este año, diversas asociaciones, entre ellas la Asociación Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), lograron un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia para permitir que aquellos que se quedaron con el trámite de importación inconcluso puedan terminarlo a más tardar en septiembre próximo.
Se calcula que 80 mil unidades que quedaron pendientes de concluir el trámite.
