- La mañana de este martes 9 de junio de 2026, miles de usuarios del sistema de transporte público Va y Ven enfrentaron retrasos y largas esperas debido a una reducción significativa en las operaciones del servicio.
CECILIA VERÁSTEGUI
MÉRIDA, YUCATÁN.- La mañana de este martes 9 de junio de 2026, miles de usuarios del sistema de transporte público Va y Ven enfrentaron retrasos y largas esperas debido a una reducción significativa en las operaciones del servicio.
Los concesionarios disminuyeron hasta en un 50 por ciento la circulación de unidades como medida de presión ante el Gobierno del Estado. La decisión responde a inconformidades relacionadas con las nuevas modalidades de cobro implementadas bajo el esquema de pago por kilómetro garantizado, así como a un presunto adeudo acumulado por parte de las autoridades estatales que, según los empresarios transportistas, asciende a 180 millones de pesos.
Desde las 5:00 de la mañana, las principales vialidades de Mérida y rutas estratégicas como el Circuito Metropolitano y el Periférico comenzaron a resentir los efectos de la reducción del servicio.
Empresas concesionarias, entre ellas Minis 2000, mantuvieron una parte importante de sus unidades fuera de circulación, lo que provocó un incremento considerable en los tiempos de espera en diversos paraderos.
En puntos del Centro Histórico y colonias de la periferia se registraron largas filas de usuarios, entre trabajadores, estudiantes y personas que se dirigían a sus actividades cotidianas, quienes reportaron dificultades para llegar a tiempo a sus destinos.
La disminución de unidades fue parcialmente compensada por colectivos alternos, taxis y plataformas digitales de transporte. Sin embargo, la alta demanda generó un incremento en los costos de traslado para numerosos usuarios.
De acuerdo con fuentes del sector transportista, las empresas atraviesan una situación financiera compleja y sostienen que la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) enfrenta problemas de liquidez que han derivado en adeudos que afectan la operación diaria y la adquisición de combustible.
Los concesionarios solicitan una inyección inmediata de recursos y argumentan que el esquema actual de operación genera costos que consideran difíciles de sostener.
Por su parte, el Gobierno del Estado ha señalado que trabaja en una reestructuración del modelo de pagos con el objetivo de eliminar intermediarios y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, ha recordado que la suspensión deliberada o la reducción injustificada del servicio público puede constituir una infracción grave a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán, con posibles sanciones que incluyen multas o la revocación de concesiones.
Mientras continúan las mesas de negociación entre autoridades y concesionarios, persiste la incertidumbre sobre la normalización del servicio. El sistema Va y Ven, considerado uno de los principales proyectos de modernización del transporte público en Yucatán, enfrenta actualmente un desafío operativo derivado del conflicto financiero entre las partes involucradas.
