- El proyecto de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, obligará a las comunidades y al Estado a prevenir las uniones forzadas e infantiles.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que será sometido a consulta ciudadana antes de enviarse al Congreso, obligará a las comunidades y al Estado a prevenir las uniones forzadas e infantiles.
De acuerdo con el documento de trabajo, el Gobierno federal reconoce estas uniones como una de las principales situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia en el País, a la par de la violencia sexual, los embarazos tempranos, el trabajo infantil y la explotación laboral.
La iniciativa establece que las comunidades deberán impulsar acciones de sensibilización, mientras que las autoridades de los tres niveles de gobierno estarán obligadas a desarrollar campañas informativas para frenar esta práctica, documentada desde hace años por organismos nacionales e internacionales.
“Promover espacios de diálogo que permitan sensibilizar a las personas que integran la comunidad sobre las uniones forzadas o infantiles, violencia sexual, embarazos tempranos, la carga desproporcionada de responsabilidades familiares y el trabajo infantil…”, refiere el proyecto en su artículo 300, dentro del capítulo dedicado a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud.
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Por su parte, el artículo 301 mandata la responsabilidad del Estado para difundir información que prevenga estos riesgos que vulneran el ejercicio de sus derechos fundamentales.
EL RETO
Aunque el matrimonio de personas menores de 18 años está prohibido por la legislación mexicana, organismos como la UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Sipinna y la Conavim han advertido que las uniones infantiles persisten mediante acuerdos familiares o comunitarios celebrados al margen del Registro Civil.
Esta problemática se concentra principalmente en zonas rurales e indígenas de entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estas regiones, las niñas enfrentan mayores riesgos de abandono escolar, embarazos prematuros, violencia sexual y la reproducción de ciclos de pobreza.
Los organismos defensores han sostenido de manera reiterada que los usos y costumbres no pueden invocarse para justificar prácticas que vulneren los derechos humanos.
Pese a esto, la propuesta no tipifica un nuevo delito ni modifica la prohibición vigente del matrimonio infantil; su enfoque se centra exclusivamente en incorporar obligaciones en materia de prevención.
La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta de ley será sometida a consideración de más de 16 mil comunidades en todo el País a través de 82 asambleas regionales, las cuales se llevarán a cabo entre el primero de julio y el 13 de septiembre.
Según la convocatoria publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, las observaciones recabadas durante este proceso se integrarán al proyecto final, con el objetivo de que la Mandataria federal lo presente formalmente ante el Congreso el próximo 12 de octubre.
