- La imagen que ilustra esta realidad muestra a dos menores de edad del municipio de San Lorenzo, en Oaxaca, tomada durante una celebración matrimonial en 2025.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
OAXACA, OAX.- A pesar de que el matrimonio de personas menores de 18 años está prohibido por la legislación mexicana, las uniones infantiles persisten mediante acuerdos familiares o comunitarios celebrados al margen del Registro Civil.
Así lo advierten organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia.
Del análisis que motivó esta nueva legislación se establece que esta problemática se concentra principalmente en zonas rurales e indígenas de entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, principalmente.
Una imagen que ha mostrado con toda elocuencia esta situación fue tomada en Oaxaca, en la cual se ve a dos menores de edad del municipio de San Lorenzo, durante una celebración matrimonial en 2025, cuyo retrato, por cierto, ilustra esta entrega.
En estas regiones del sur, las niñas enfrentan mayores riesgos de abandono escolar, embarazos prematuros, violencia sexual y la reproducción de ciclos de pobreza.
Los organismos defensores han sostenido de manera reiterada que los usos y costumbres no pueden invocarse para justificar prácticas que vulneren los derechos humanos.
El proyecto de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que será sometido a consulta ciudadana antes de enviarse al Congreso de la Unión, obligará a las comunidades y al Estado a prevenir las uniones forzadas e infantiles.
De acuerdo con el documento de trabajo, el gobierno federal reconoce estas uniones como una de las principales situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia en el país, a la par de la violencia sexual, los embarazos tempranos, el trabajo infantil y la explotación laboral.
La iniciativa establece que las comunidades deberán impulsar acciones de sensibilización, mientras que las autoridades de los tres niveles de gobierno estarán obligadas a desarrollar campañas informativas para frenar esta práctica, documentada desde hace años por organismos nacionales e internacionales.
“Promover espacios de diálogo que permitan sensibilizar a las personas que integran la comunidad sobre las uniones forzadas o infantiles, violencia sexual, embarazos tempranos, la carga desproporcionada de responsabilidades familiares y el trabajo infantil…”, refiere el proyecto en su artículo 300, dentro del capítulo dedicado a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud.
El artículo 301 mandata la responsabilidad del Estado para difundir información que prevenga estos riesgos que vulneran el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Pese a esto, la propuesta no tipifica un nuevo delito ni modifica la prohibición vigente del matrimonio infantil; su enfoque se centra exclusivamente en incorporar obligaciones en materia de prevención.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta de ley será sometida a consideración de más de 16 mil comunidades en todo el país a través de 82 asambleas regionales, las cuales se llevarán a cabo entre el primero de julio y el 13 de septiembre próximos.
Según la convocatoria publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, las observaciones recabadas durante este proceso se integrarán al proyecto final, con el objetivo de que la mandataria federal lo presente formalmente ante el Legislativo el 12 de octubre próximo.
