- La presidenta Sheinbaum pidió a Estados Unidos pruebas sobre que el CJNG financia campañas electorales e impone a políticos dóciles al crimen organizado.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos pruebas sobre sus acusaciones de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) financia campañas electorales e impone a políticos dóciles al crimen organizado gracias al control del robo de combustible.
“Una parte de ello se trabaja con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que no entendemos pues es la parte cuando informan de las campañas, porque de eso nunca fuimos informados y además qué pruebas tienen también, porque es lo mismo. O sea, es decir que ocurre algo sin ninguna prueba.
“Así pasó con las tres instituciones financieras que de manera unilateral el Departamento del Tesoro toma una medida. Cuando nosotros le pedimos que dieran las pruebas para que pudiéramos acompañarlos en ese proceso, sólo se enviaron dos páginas sin pruebas.
“Y hay que repetir que nosotros, cuando hemos solicitado por ejemplo en el caso de extradición, ellos nos piden pruebas, o sea es una práctica común que se pida pruebas de uno y de otro lado”, comentó en la conferencia mañanera.
Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el robo de combustible conocido como huachicol es controlado por el CJNG que con eso financia campañas electorales e impone a políticos dóciles al crimen organizado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro anunciaron ayer diversas acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al CJNG.
Ello, a través de sancionar a líderes y advirtiendo que dicho cártel incide en la política electoral mexicana.
La información está sustentada en el análisis realizado por la FinCEN, aunque no identifica a políticos, campañas ni partidos en particular.
No obstante, el señalamiento se da luego de que el Departamento de Justicia solicitó a México la detención con fines de extradición de nueve políticos morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, precisamente por presuntos vínculos con el otro Cártel, el de Sinaloa, y la presunta colusión en las elecciones estatales.
La mandataria federal dijo que el Departamento del Tesoro se adelantó, ya que la UIF ya tenía bajo investigación a los mexicanos señalados.
“En este caso, las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta, y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene, se los digo muy francamente”, agregó.
