- La Auditoría Superior de la Federación presentó cinco denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales del Ayuntamiento de Alvarado.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó cinco denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales del Ayuntamiento de Alvarado.
Es un caso que apunta a un probable daño patrimonial por 392.2 millones de pesos, monto que coloca al municipio veracruzano entre los casos de mayor relevancia dentro del reciente paquete de investigaciones federales por posible corrupción.
Las denuncias derivan de la auditoría extraordinaria DN25001, que revisó el uso de 507 millones 944 mil 800 pesos transferidos al municipio entre 2018 y 2021, periodo correspondiente a la administración del ex alcalde Bogar Ruiz Rosas.
De acuerdo con la ASF, el probable daño a la Hacienda Pública Federal equivale al 77.2 por ciento del total de recursos fiscalizados, una proporción que encendió alertas por la magnitud de las inconsistencias detectadas.
Los recursos auditados corresponden a distintos fondos federales, entre ellos el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
Recursos de Capufe, Participaciones Federales a Municipios y el Fondo de Hidrocarburos, instrumentos diseñados para fortalecer infraestructura, servicios públicos y desarrollo municipal.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, la ASF detectó transferencias de recursos federales a otras cuentas bancarias sin acreditarse su destino final, así como pagos a proveedores y contratistas que carecen de documentación comprobatoria o justificatoria.
También se documentó la mezcla de recursos federales con ingresos propios del municipio y deficiencias en el manejo de cuentas bancarias específicas para cada fondo.
Entre las observaciones más delicadas destaca el manejo del Fortamun; de los 143.1 millones de pesos recibidos por este fondo, el municipio habría logrado comprobar apenas 1.4 millones, dejando observaciones por 141.7 millones de pesos, entre transferencias bancarias y erogaciones sin respaldo documental.
La auditoría también señala que 4.7 millones de pesos no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) al cierre de los ejercicios fiscales revisados, lo que constituye una posible violación a la normativa de disciplina financiera.
Con la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), el caso dejó de ser únicamente un procedimiento administrativo y entró formalmente en el terreno penal.
Esto significa que las irregularidades detectadas ya no sólo son observaciones contables, sino posibles conductas constitutivas de delito que deberán ser investigadas por autoridades ministeriales.
Además de las denuncias penales, la ASF mantiene 31 expedientes activos de investigación relacionados con el caso y ha promovido procedimientos por presuntas responsabilidades administrativas graves contra exfuncionarios municipales.
El caso de Alvarado forma parte de un paquete más amplio de 21 denuncias penales presentadas recientemente por la ASF ante la FGR por posibles desvíos de recursos en distintos niveles de gobierno, que en conjunto suman alrededor de 600 millones de pesos.
Entre los entes bajo investigación figuran dependencias federales, gobiernos estatales, universidades públicas y municipios de diversas entidades.
En Veracruz, el caso reaviva viejos debates sobre transparencia, fiscalización municipal y rendición de cuentas, especialmente en un estado donde los escándalos por desvío de recursos públicos han dejado una profunda huella en la confianza ciudadana.
Aunque las denuncias no implican culpabilidad automática, sí reflejan que el órgano fiscalizador encontró elementos suficientes para judicializar el caso.
El siguiente paso dependerá del avance de las investigaciones ministeriales y de la capacidad institucional para determinar responsabilidades individuales.
Más allá de las cifras, el caso de Alvarado pone nuevamente sobre la mesa un problema estructural: cuando los recursos públicos destinados a infraestructura, servicios y desarrollo social son presuntamente desviados, el impacto final recae sobre la población, que enfrenta rezagos en obras, atención y oportunidades.
