- La diputada María José Osorio Rosas, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, advirtió la urgencia de aprobar la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La diputada María José Osorio Rosas, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, advirtió la urgencia de aprobar la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción.
El objetivo de la propuesta es salvaguardar la integridad de ciudadanos y empresarios que reporten irregularidades administrativas, asegurando que el combate a la corrupción también evite la fuga de recursos públicos y permita que el presupuesto se destine de manera íntegra a la población.
Osorio Rosas señaló que la propuesta legislativa responde de manera directa a las demandas recabadas durante sus recorridos territoriales y en reuniones con cámaras empresariales y asociaciones civiles, como Sosac en Playa del Carmen.
En estos encuentros, la ciudadanía ha denunciado la persistencia de extorsiones y cobro de “moches” por parte de servidores públicos, principalmente de los ayuntamientos, al tramitar derechos, constancias o servicios.
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La legisladora explicó que el principal factor que frena las denuncias en el estado es el temor de las víctimas a sufrir represalias laborales o personales.
“El común denominador es el miedo, la gente no denuncia la corrupción por miedo; nos decían que les pidieron moche para esto, ‘pero no denuncio porque me pueden correr o porque tengo miedo’”, detalló la diputada.
Enfatizó que actualmente no existe en el estado la figura legal de testigo protegido para este tipo de ilícitos.
Para solucionar esta problemática, la iniciativa busca crear formalmente la figura de testigo protegido en casos de corrupción, garantizando que la protección sea aplicable tanto a servidores públicos que reporten a otros funcionarios, como a cualquier ciudadano o empresario víctima de extorsión.
Uno de los pilares de la propuesta es que las medidas de seguridad no dependan de la misma autoridad u orden de gobierno que está siendo denunciado, sino del nivel jerárquico superior.
Es decir, si se denuncia a un organismo o corporación de seguridad del nivel municipal, la protección la brindará el Estado; y si la irregularidad ocurre en el nivel estatal, la seguridad correrá a cargo de la Federación.
Las investigaciones y sanciones correspondientes de los actos de corrupción seguirán bajo la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la nueva ley se concentrará exclusivamente en la seguridad del testigo, dijo la diputada.
Aunque la iniciativa fue ingresada formalmente por los diputados desde el año pasado, sectores de la sociedad civil y del empresariado han solicitado formalmente al Congreso local programar su discusión y eventual aprobación en el pleno.
Osorio Rosas coincidió con el criterio gubernamental de que “cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más”, por lo que urgió a reactivar el análisis de esta ley para dotar a Quintana Roo de una herramienta eficaz contra la impunidad administrativa.
