- La senadora Alejandra Barrales, de MC, agendó un exhorto para que la Secretaría de Educación Pública regule la operación de las escuelas militarizadas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), agendó un exhorto para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) regule la operación de las escuelas militarizadas y elabore un padrón de esos planteles que facilite una adecuada supervisión.
Tras la muerte de Dafne Zapata a causa de una novatada en un plantel militarizado, la parlamentaria consideró que ese caso “evidenció que la autoridad educativa carece de un registro público que permita conocer cuántas escuelas privadas operan bajo un esquema de disciplina militarizada.
“Se solicitará a la Secretaría de Educación Pública realice una clasificación de esos planteles y elabore un padrón nacional que permita su adecuada supervisión”, reza el punto de acuerdo que presentará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Además, se exhortará a la SEP “a diseñar e implementar, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), protocolos de actuación, prevención y atención inmediata ante casos de violencia, maltrato o riesgo a la integridad de menores de edad al interior de estas instituciones, incluyendo, mecanismos accesibles de denuncia y rutas claras de sanción”.
Desde la perspectiva de Barrales, la SEP “debe fortalecer la capacidad y número de personal de inspección y supervisión escolar en las entidades federativas donde operan estas academias, y a publicar de manera periódica dichas supervisiones”.
En el punto de acuerdo, la senadora reportó la existencia de al menos quince instituciones de esta naturaleza en algunos estados de la República, lo que deja ver que “no se trata de casos aislados, sino de un modelo educativo cuya regulación y supervisión están ausentes y cuyo Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios se les otorga sin que exista una clasificación específica”.
Desde 2011, recordó, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas había manifestado al Estado Mexicano, su preocupación respecto del funcionamiento de instituciones educativas con disciplina militar dirigida a personas menores de dieciocho años.
Ese Comité recomendó garantizar una supervisión efectiva que privilegiara el interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos, recomendación en la que las autoridades educativas han sido omisas.
