- La permisividad de la Semarnat en el proyecto turístico “Las Dunas” en el Puerto de Chuburná encendió la mecha de la indignación comunitaria en Yucatán.
CECILIA VERÁSTEGUI
MÉRIDA, YUC.- La permisividad de la Semarnat en el proyecto turístico “Las Dunas” en el Puerto de Chuburná encendió la mecha de la indignación comunitaria en Yucatán.
Hoy, la resistencia civil se organiza para frenar la destrucción acelerada del ecosistema costero que se extiende hacia puertos emblemáticos como Sisal, Telchac y Celestún.
Durante años, el ecosistema costero de la península de Yucatán ha sido expuesto a una presión sin precedentes. Lo que durante décadas se promocionó como el modelo ideal de inversión residencial y turística —respaldado por discursos de “plusvalía”, “seguridad” y “desarrollo sustentable”— ha derivado en un proceso acelerado de privatización de la franja marítima, fragmentación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de las comunidades pesqueras locales.
Sin embargo, el malestar acumulado alcanzó un punto de inflexión. La indignación social pasó de las quejas aisladas a la movilización masiva cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio luz verde a la edificación del megadesarrollo inmobiliario “Las Dunas”, en el puerto de Chuburná.
Ese aval institucional actuó como el detonante de un movimiento de resistencia civil que amenaza con expandirse a lo largo de todo el litoral yucateco.
La chispa que encendió la pradera socioambiental se gestó en el municipio de Progreso. A través de la firma Designia Desarrollos, el proyecto “Las Dunas” proyectó la construcción de 138 departamentos distribuidos en 14 torres sobre una extensión de aproximadamente 92 mil metros cuadrados.
El predio abarca áreas críticas de matorral de duna costera y humedales, catalogados como zonas de alta fragilidad ecológica.
El expediente reveló una incongruencia administrativa que exacerbó los ánimos: en un inicio, la propia Semarnat había negado la autorización del proyecto reconociendo la vulnerabilidad de la zona. No obstante, tras reevaluaciones posteriores, la dependencia modificó su criterio y otorgó la venia ambiental.
Las consecuencias de las primeras fases de desmonte con maquinaria pesada no tardaron en manifestarse con la pérdida de barrera natural, la principal defensa del puerto contra marejadas de tormenta y huracanes.
De igual modo generó la destrucción de hábitats endémicos como la aflicción a sitios de anidación de aves protegidas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, como la matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus) y el colibrí tijereta (Doricha eliza), además del desove de tortuga carey (Eretmochelys imbricata).
Por ello la indignación ciudadana dio vida al colectivo “Salvemos las Dunas”, que logró movilizar a miles de ciudadanos en manifestaciones pacíficas tanto en Chuburná como en el emblemático Monumento a la Patria en Mérida.
Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino recientemente para colocar sellos de clausura con la lona bajo el expediente ExpPFPA/3712/354/0080-26, la comunidad mantiene la desconfianza. Los manifestantes exigen la cancelación definitiva y la remediación integral, conscientes de que las clausuras temporales suelen disiparse una vez que se frena la cobertura mediática.
El descontento originado en Chuburná rápidamente encontró eco en Sisal (municipio de Hunucmá). Nombrado “Pueblo Mágico” en diciembre de 2020, el puerto vive una severa crisis socioambiental donde la comunidad pesquera local enfrenta directamente el avance de desarrollos residenciales de lujo como Costa Sisal y Costa Norte.
El conflicto en Sisal y Chuburná no constituye un fenómeno aislado; forma parte de un patrón sistemático de expansión inmobiliaria a lo largo del litoral norte y poniente de la península.
En Sisal se construyen villas exclusivas con muelles privados talando de manera ilegal los manglares y privatizando el acceso al mar y generando gentrificación de manera exponencial.
En Telchac Puerto se están construyendo marco lotes beach clubs y marinas privadas y con ello se fragmenta la vegetación de la duna y se altera el flujo hídrico de la ciénega.
En Tanto que en San Crisanto, Celestún, se ofrecen proyectos campestres a pie de playa, amenazando la zona de amortiguamiento de las Reservas de la Biósfera.
El malestar ciudadano apunta directamente hacia una omisión institucional articulada con autorizaciones “a modo” por Semarnat, que expide Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) mediante esquemas de fragmentación de proyectos para evadir evaluaciones de impacto acumulativo.
También hay una fiscalización tardía de la Profepa con inspecciones y clausuras cuando la maquinaria pesada ha nivelado los terrenos o tras protestas mediáticas. Y a nivel municipal se dan concesiones de permisos de uso de suelo y licencias de construcción por parte de los ayuntamientos sin verificar la factibilidad hídrica ni el tratamiento de aguas residuales en suelos de alta permeabilidad kárstica.
La ruptura en Chuburná ha transformado el mapa político-social de la costa. Redes de científicos del Cinvestav, colectivos juveniles, pescadores y defensores de los derechos humanos han estructurado un frente común. Exigen la moratoria inmobiliaria costera, la revisión técnica de las autorizaciones vigentes y una fiscalización transparente que impida que el cemento devore el último escudo natural de Yucatán frente a las contingencias del cambio climático.
