- El Congreso de Nuevo León pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocar la suspensión que le impide culminar el juicio político contra el Gobernador Samuel García.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso de Nuevo León pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar la suspensión que le impide culminar el juicio político contra el Gobernador Samuel García, medida concedida el pasado 8 de julio por la Ministra María Estela Ríos.
En paralelo, la presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo local, la panista Itzel Castillo Almanza, planteó al Pleno del Máximo Tribunal desechar por improcedente la controversia constitucional 386/2026, de la cual derivó dicha medida cautelar.
La presidencia de la Corte notificó ayer la admisión de sendos recursos de reclamación para impugnar los acuerdos de admisión y de suspensión dictados por la Ministra Ríos. Ambos fueron turnados a su colega Sara Irene Herrerías para que elabore los proyectos de sentencia correspondientes.
Herrerías no tiene un plazo fijado para presentar las propuestas. El pleno de la Corte podrá confirmar, revocar o modificar los acuerdos iniciales emitidos por Ríos como ponente de la controversia.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/01/LDS-500x500-espacio-publicitario.png")
El Mandatario emecista promovió el recurso a finales de junio para frenar el procedimiento iniciado a raíz de una denuncia de Morena por presuntos actos de peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros señalamientos.
En la Corte existen múltiples precedentes donde se frenó la destitución de gobernadores mediante juicio político, pero esta será la primera vez que se analice bajo la integración de Ministros y Ministras electos por voto popular.
Si el pleno confirma la suspensión, el Gobernador quedaría protegido durante el resto de su mandato -que concluye en octubre de 2027-, ya que la medida cautelar se mantendría vigente todo el tiempo que tome resolver el fondo del asunto.
La protección otorgada en la Corte es independiente del amparo que García obtuvo a título personal ante una jueza federal de Monterrey, la cual ordenó el 15 de julio a los diputados locales abstenerse de someter a votación cualquier dictamen o resolución definitiva.
