- La Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó vulneraciones al derecho a la salud de cuatro personas privadas de la libertad.
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MONTERREY, NL.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó vulneraciones al derecho a la salud de cuatro personas privadas de la libertad, luego de documentar deficiencias en la atención médica, suministro irregular de medicamentos y fallas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en centros penitenciarios del estado.
La presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, informó de la emisión de la Recomendación 17/2026, dirigida al secretario de Seguridad del Estado, en la que también se acreditó una vulneración al derecho a la defensa de los derechos humanos por impedir el acceso de personal del organismo al Centro de Reinserción Social Femenil.
Entre los casos documentados se encuentra el de una persona interna que reportó distintos padecimientos, como enfermedades pulmonares, insuficiencia cardiaca, retención de líquidos, obstrucción del ramal derecho del corazón y otitis crónica, además de episodios de hemoptisis.
De acuerdo con la Comisión, esta persona señaló que durante un periodo prolongado no recibió de manera regular los medicamentos que le habían sido prescritos y que, pese a solicitar atención médica en distintas ocasiones, no obtuvo una respuesta efectiva por parte de las autoridades penitenciarias.
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Además de las deficiencias relacionadas con la atención de salud, la CEDH acreditó que personal del organismo fue impedido de ingresar al Cereso Femenil cuando acudió para atender la situación de salud de personas privadas de la libertad.
Como parte de las medidas de reparación, la CEDH recomendó iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que correspondan, fortalecer los servicios médicos y de enfermería, establecer protocolos para la prevención, detección y atención de la tuberculosis, así como capacitar al personal penitenciario.
También pidió garantizar la continuidad de los tratamientos médicos de las personas privadas de la libertad.
La Comisión recordó que, aunque se encuentren bajo custodia del Estado, las personas privadas de la libertad conservan su derecho a recibir atención médica adecuada, oportuna y continua, además de tener acceso a mecanismos para la protección y defensa de sus derechos humanos.
