Registran nulo avance en recuperación de hectáreas robadas al patrimonio

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  • Mientras que el ex gobernador Roberto Borge Angulo obtiene beneficios judiciales que lo acercan a la libertad, la recuperación de las 10 mil hectáreas de patrimonio estatal presuntamente vendidas de forma irregular registra un avance nulo.
EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Mientras que el ex gobernador Roberto Borge Angulo obtiene beneficios judiciales que lo acercan a la libertad, la recuperación de las 10 mil hectáreas de patrimonio estatal presuntamente vendidas de forma irregular registra un avance nulo.

El titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), Carlos Flores Hidalgo, reconoció que el organismo sigue sin recuperar ninguno de los 18 a 22 lotes de alta plusvalía turística involucrados en las investigaciones criminales contra la administración borgista.

El desfalco inmobilario documentado abarca reservas territoriales de alto valor en municipios turísticos del estado.

Las causas penales a nivel federal se concentran en un paquete de 18 a 22 inmuebles de la reserva estatal vendidos a una fracción de su valor comercial.

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También existen denuncias donde organismos como la asociación civil “Somos Tus Ojos” documentaron hasta 44 predios entregados a precios subvaluados a prestanombres, familiares y empresarios cercanos a Borge Angulo

Las denuncias presentadas por el propio Gobierno del Estado estiman una afectación total que oscila entre las nueve mil 500 y 10 mil hectáreas despojadas al patrimonio público.

A pesar de las acciones penales iniciadas tras el fin de su sexenio, los inmuebles continúan bajo estatus jurídico incierto y sin haber retornado formalmente al dominio público del estado.

El estancamiento en la restitución de la reserva territorial contrasta con las decisiones judiciales recientes en los procesos que enfrenta Borge Angulo por operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

En los últimos meses, diversos jueces han modificado las medidas cautelares del exmandatario, concediéndole el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria en algunos de sus procesos.

Este avance procesal acerca al exgobernador a la obtención de la libertad, mientras que los activos del Estado que motivaron su detención continúan fuera del control de las arcas públicas.

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