- Para obtener beneficios personales por casos de delincuencia o corrupción ocurridos en México, señaló Claudia Sheinbaum.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que políticos mexicanos delaten ante Estados Unidos casos de delincuencia o corrupción ocurridos en México para obtener beneficios personales.
Cuestionada sobre funcionarios que pretendan colaborar con instancias de investigación de otros países en favor de sus intereses, la mandataria sostuvo que la información sobre hechos ocurridos en territorio nacional debe presentarse ante las instituciones mexicanas.
“¿Cuál sería su postura de que funcionarios o políticos mexicanos pretendan colaborar con instancias de investigación en Estados Unidos o en algún otro país por beneficio propio?”, se le preguntó.
“Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso hay instituciones nacionales. No estoy de acuerdo”, respondió.
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La presidenta aclaró que una persona puede presentar una denuncia en otro país si fue víctima de un delito durante un viaje, o si el hecho ocurrió fuera de México.
Sin embargo, marcó una diferencia cuando se trata de información sobre delitos cometidos en el país.
“Si se trata de información relacionada con temas de delincuencia, corrupción en México, pues deben ser presentadas en las instituciones nacionales”, expuso.
Claudia Sheinbaum no mencionó a algún político en particular ni afirmó que existan funcionarios mexicanos que estén entregando información a Estados Unidos.
Sin embargo, el pronunciamiento ocurre luego de que Los Angeles Times publicó en junio, que los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, presuntamente tenían revocadas sus visas estadounidenses.
Y que podían ingresar a ese país mediante un permiso especial reservado para colaboradores de la justicia.
El diario también los vinculó con una supuesta investigación sobre contrabando de combustible, y ambos mandatarios rechazaron los señalamientos.
Américo Villarreal mostró públicamente su visa y aseguró que no ha recibido notificación de cancelación, restricción ni investigación en Estados Unidos.
Alfonso Durazo también negó que tuviera una orden de captura o una indagatoria en su contra.
El gobierno estadounidense no ha hecho públicas acusaciones formales contra los dos gobernadores ni ha confirmado su estatus migratorio.
El tema también se da tras la difusión de audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sobre gestiones relacionadas con la recuperación de su visa estadounidense.
En las grabaciones se escucha a una voz atribuida a la mandataria hablar de una posible reunión con personas vinculadas a agencias de Estados Unidos y expresar disposición a colaborar.
Ávila reconoció que sostuvo una conversación con personas que se presentaron como agentes o intermediarios estadounidenses, pero dijo que nunca acreditaron oficialmente esa representación.
También negó haber entregado información reservada de las mesas de seguridad, sostuvo que la reunión no se concretó y acusó que los audios fueron editados y sacados de contexto.
