- Al interior del Congreso del Estado se prevé aprobar, a más tardar en octubre, la nueva Ley para la Implementación de Energías Limpias en Edificios Públicos de Quintana Roo.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Al interior del Congreso del Estado se prevé aprobar, a más tardar en octubre, la nueva Ley para la Implementación de Energías Limpias en Edificios Públicos de Quintana Roo.
Es una normativa que obligará a las dependencias estatales y municipales a transitar progresivamente a esquemas de generación eléctrica renovable a partir de 2027.
La diputada promovente de la iniciativa, María José “Majo” Osorio Rosas, confirmó que la Comisión de Puntos Legislativos ya cuenta con la manifestación de impacto presupuestal, documento técnico que era indispensable para avanzar en la dictaminación y posterior votación del proyecto en el Pleno.
La propuesta busca garantizar la autosuficiencia energética en inmuebles gubernamentales mediante el aprovechamiento de la radiación solar.
Permitirá generar ahorros de entre 80 y 95 por ciento en la facturación de energía eléctrica y reorientar el gasto corriente hacia infraestructura social y servicios públicos.
Como prueba piloto del modelo, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo instaló un sistema fotovoltaico que redujo drásticamente su gasto energético.
Mientras que en los primeros dos años de esta administración la dependencia pagaba más de 226 mil pesos anuales por concepto de luz, en los dos años recientes su gasto disminuyó a 9,900 pesos anuales.
En el sector educativo, la legisladora ejemplificó que un plantel escolar promedio registra un consumo de energía eléctrica de entre 40 y 60 mil pesos mensuales.
Tan solo en el municipio de Solidaridad, que cuenta con más de 200 escuelas públicas, la transición solar representaría un ahorro mensual estimado en ocho millones de pesos, presupuesto que podrá redirigirse al mantenimiento, equipamiento o climatización de los centros escolares.
El dictamen incluirá un artículo transitorio para dictaminar una implementación paulatina en un plazo máximo de 10 años, condicionada a la disponibilidad presupuestaria de cada ente público sin afectar sus planes operativos actuales.
El marco jurídico propuesto regula la transición energética del sector público para establecer las bases jurídicas para la implementación gradual de tecnologías de energía limpia y renovable en los inmuebles pertenecientes a los poderes del Estado y los 11 municipios.
También se ordena promover que las dependencias generen su propia electricidad para reducir el impacto de la factura eléctrica en el erario y liberar presupuesto dinámico.
La legisladora dio a conocer que la semana pasada se creó el Consejo para la Implementación de Energías Limpias y Renovables como un órgano técnico de consulta encargado de diseñar y supervisar el programa estatal de transición.
El proyecto se sustenta en el crecimiento demográfico de la entidad derivado de la actividad turística, factor que ha incrementado la demanda sobre la infraestructura de distribución eléctrica local.
Aprovecha los niveles de radiación solar de la región y se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 de la gobernadora Mara Lezama y con las metas nacionales de transición energética.
El diseño normativo toma como referencia el programa Ciudad Solar de la Ciudad de México, esquema implementado durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.
La colocación de celdas fotovoltaicas en edificios públicos y espacios como la Central de Abasto demostró la viabilidad económica y ambiental del autoconsumo energético a gran escala.
Además del beneficio financiero, la iniciativa busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la generación de empleos técnicos especializados en la instalación de infraestructura fotovoltaica.
