Suaviza INE requisitos para observadores

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  • El INE eliminó la compulsa que realizaba para detectar, en bases de datos gubernamentales, que ningún funcionario que opera programas sociales se convierta en observador electoral.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- Rumbo a la elección del 2027, el INE eliminó la compulsa que realizaba para detectar, en bases de datos gubernamentales, que ningún funcionario que opera programas sociales se convierta en observador electoral.

Tanto consejeros como representantes de la Oposición advirtieron que esto abre la puerta para que operadores gubernamentales, entre ellos los Servidores de la Nación, se registren, pues ahora sólo se les pedirá una manifestación en la que protestan no ser funcionarios.

La consejera Frida Gómez planteó eliminar el cruce que realizaba el INE entre bases de datos de Gobiernos federal, estatales y municipales y las solicitudes para ser observadores.

“No se está quitando ningún requisito, se mantiene el impedimento, se mantiene la manifestación bajo protesta de decir verdad y se mantienen las consecuencias jurídicas en caso de falsedad.

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“Lo único que se retira es un mecanismo adicional de comprobación, que no fue ordenado por la sentencia (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) ni previsto por los lineamientos para la observación electoral”, argumentó.

La propuesta fue respaldada por el ahora bloque mayoritario: Frida Gómez, Guadalupe Taddei, Arturo Chávez, Norma de la Cruz, Blanca Cruz y Jorge Montaño.

Incluso, Taddei justificó que, con ese cruce, en el 2024 de 34 mil 881 solicitantes, únicamente se identificaron 24 funcionarios, y en el 2025, en la elección judicial, de 316 mil 430 registros, 270 eran servidores públicos. Mientras que, reviró, sí detectaron 45 mil militantes de partidos.

El otro grupo, integrado por Martín Faz, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Rita López y Uuc-Kib Espaldas advirtió que la compulsa garantizaba que no se colaran funcionarios con un doble propósito.

“No estamos, a mi juicio, ante una compulsa creada solamente por conveniencia administrativa, es un mecanismo preventivo que materializa una determinación jurisdiccional y un acuerdo de este propio Consejo General”, recriminó Carla Humphrey.

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